Los auxilios públicos a Air Europa y Plus Ultra, aprobados en 2026 y 2026, se han convertido en causas judiciales que mezclan testigos, informes de la UCO y detenciones vinculadas a posibles desvíos de fondos
Los préstamos concedidos en 2026 y 2026 a Air Europa y Plus Ultra no han quedado en simples apuntes contables: han derivado en comparecencias, pesquisas policiales y disputas políticas que siguen ocupando la agenda pública. Las cantidades implicadas —475 millones para Air Europa y 53 millones para Plus Ultra— y las contradicciones entre versiones han transformado estas operaciones en dos frentes judiciales que amenazan con desgastar al Ejecutivo.
Las actuaciones se articulan entre testimonios ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, diligencias de la UCO y decisiones judiciales que han elevado el caso de Plus Ultra a la Audiencia Nacional. En el centro aparecen empresarios, exministros y figuras con relaciones profesionales con el Gobierno, lo que alimenta las dudas sobre influencias y el destino final de los fondos.
Juicio y declaraciones clave
La declaración de Javier Hidalgo, exconsejero delegado de Globalia, ante el Tribunal Supremo fue una de las intervenciones más señaladas. La Fiscalía sostiene que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, actuó para beneficiar intereses de un asesor vinculado a la aerolínea y que —según la versión fiscal— hubo gestiones que anticiparon la postura favorable del Gobierno. Hidalgo negó conocer o haber solicitado una nota de prensa del Ministerio fechada el 8 de agosto de 2026 y apuntó que el único aval oficial que recibieron fue un comunicado de la SEPI el 9 de septiembre, que les permitió acreditar ante acreedores que el proceso estaba en marcha.
Contradicciones y contexto financiero
En audiencias anteriores, el exdirectivo negó reuniones con Ábalos; en el Supremo reconoció encuentros distintos sobre el rescate. Esa aparente incongruencia ha sido explotada por la oposición, que incluso aludió a posible falso testimonio. Hidalgo defendió que se estaba sacando de contexto su respuesta y matizó que las reuniones sobre vuelos sanitarios no son lo mismo que las posteriores sobre la ayuda financiera. Asimismo, puso énfasis en la delicada situación de caja de Globalia: recordó que la compañía recibió 140 millones al inicio de la pandemia frente a cantidades muy superiores entregadas a competidores, y describió el auxilio como un préstamo con condiciones muy onerosas que incluyeron exigencias sobre el relevo en la dirección.
La sombra de Begoña Gómez
El nombre de Begoña Gómez ha permanecido en el relato desde que se supo que coincidió con responsables de Globalia en un evento de la OMT en San Petersburgo y que mantuvo reuniones en 2026 en la sede de la compañía. Hidalgo ha afirmado no recordar algunos encuentros, aunque la UCO incluyó en sus pesquisas una comunicación que, según testigos, aludía a un contacto telefónico con Gómez el 3 de septiembre con objeto de intentar desbloquear la operación.
Relaciones empresariales y académicas
El vínculo profesional se materializó a través de Wakalua, una filial tecnológica que firmó acuerdos de patrocinio con instituciones vinculadas a Gómez, como el IE Africa Center en enero de 2026. Investigaciones posteriores han indagado si esas relaciones pudieron superponerse con las negociaciones del rescate. Aunque el juez que investigó inicialmente intentó determinar la posible influencia, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó ampliar la instrucción por falta de indicios en varias ocasiones. No obstante, el Juzgado de Instrucción número 41 ha citado a Begoña Gómez en una causa por presunto tráfico de influencias relacionada con cartas de recomendación para procedimientos en Red.es.
Plus Ultra y la ampliación de la investigación
El auxilio de 53 millones a Plus Ultra siempre generó inquietudes por la limitada estructura de la aerolínea y por dudas sobre su carácter estratégico. En 2026, la magistrada Esperanza Collazos archivó la causa por falta de indicios de ocultación con ánimo fraudulento y por limitaciones para practicar nuevas diligencias. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción reabrió el foco y, a finales de 2026, una operación policial se saldó con detenciones de directivos, entre ellos Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.
En ese nuevo marco, los investigadores consideran que parte de los fondos pudo desviarse para devolver préstamos a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal con ramificaciones en España, Francia y Suiza, y que el origen de los recursos se relaciona con operaciones de corrupción en Venezuela, como el programa CLAP y la comercialización de oro. Por esa razón, la causa pasó a la Audiencia Nacional, donde el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha mantenido el secreto de las actuaciones prorrogado hasta el 28 de mayo, mientras la investigación avanza con discreción.
El conjunto de piezas —declaraciones contradictorias, informes de la UCO, detenciones y vínculos públicos con figuras políticas— ha convertido estos rescates en un problema plural que combina aspectos jurídicos, económicos y políticos. La evolución de las causas y las decisiones de los tribunales marcarán si se trata de errores de gestión o de irregularidades con consecuencias penales y reputacionales para implicados y para el Gobierno.
