Sáenz de Santamaría y Javier Arenas se desmarcan de la presunta Operación Kitchen mientras la causa explora pagos, seguimientos y responsabilidades en Interior
En la sesión celebrada el 27/04/2026 en la Audiencia Nacional, dos exdirigentes del Partido Popular han reafirmado una línea de defensa ya prevista: no tener constancia de una maniobra destinada a obtener papeles de Luis Bárcenas. La vista del caso conocido como Operación Kitchen sigue concentrando atención por combinar elementos políticos y policiales; la investigación intenta dilucidar si entre 2013 y 2015 se puso en marcha un operativo parapolicial para sustraer documentación al extesorero del PP y si se emplearon recursos públicos con fines ajenos a la investigación penal.
La comparecencia de la exvicepresidenta y del ex secretario general del partido se produjo después de intervenciones de figuras como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, y coincide con una fase probatoria que examina tanto seguimientos como el destino de pagos a confidentes.
El juicio procura establecer quién conocía qué, qué órdenes se dieron y si existió una utilización de fondos reservados para costear actuaciones que, según la acusación, tendrían un fin político y no estrictamente procesal.
Qué está en discusión
El núcleo de la causa se centra en la posibilidad de que el Ministerio del Interior coordinara actuaciones para obtener material que Bárcenas habría guardado —como supuestas grabaciones, memorias digitales y documentos— y evitar que piezas incriminatorias llegaran al proceso del caso Gürtel. La acusación investiga la contratación de confidentes, seguimientos y la supuesta asignación de 2.000 euros mensuales a un exchófer, operaciones que implican el empleo de fondos reservados y la movilización de efectivos policiales. En este contexto, los términos operativo parapolicial y contabilidad B han aparecido con frecuencia en las preguntas del tribunal y las partes.
Declaraciones clave de los exdirigentes
Soraya Sáenz de Santamaría
La exvicepresidenta subrayó que durante su etapa en el Gobierno no tuvo información alguna sobre esa actuación: «No tengo constancia de esa operación durante mi época en el Gobierno», afirmó en sede judicial. Relató que su conocimiento del asunto fue básicamente a través de la prensa y precisó la diferencia institucional al referirse a sus responsabilidades: recordó que ejerció como ministra de la Presidencia y que el Centro Nacional de Inteligencia, a su cargo en parte del periodo en cuestión, no le comunicó intervenciones específicas vinculadas a la causa. Con estas respuestas buscó desvincular la dirección del Ejecutivo de decisiones operativas en Interior.
Javier Arenas
El senador y exsecretario general rechazó haber tenido noticia de grabaciones o documentos que Bárcenas atribuyó a conversaciones con dirigentes del PP. En su testimonio negó haberse sentido inquieto por la posible existencia de una cinta y afirmó que la relación personal con el extesorero quedó rota cuando salió a la luz la fortuna en el extranjero. Arenas defendió no haber observado una atmósfera de preocupación en la cúpula del partido y afirmó desconocer estrategias internas relacionadas con la causa.
La dimensión policial y financiera
Más allá del testimonio de políticos, la instrucción ha puesto el foco en integrantes de la estructura policial: comisarios, inspectores y exresponsables de unidades que investigaban la Gürtel aparecen como piezas centrales para reconstruir el operativo. La causa examina si se emplearon medios de la UDEF y si hubo interferencias para apartar nombres políticos de informes. Además, la contabilidad de los fondos reservados —quién los gestionó y en qué partidas se gastaron— es materia de contraste entre las versiones del exsecretario de Estado de Seguridad y quienes ocupaban cargos en la cadena de mando.
Testimonios de agentes e implicados
Declaraciones como las de Manuel Morocho, inspector de la UDEF, apuntan a presiones internas y a medidas de protección adoptadas durante la investigación del caso Gürtel; él ya señaló intentos de limitar la mención de responsables políticos en diligencias. Por su parte, el papel de José Manuel Villarejo, acusado en la causa, y la figura de Sergio Ríos como supuesto confidente son elementos que vinculan el trabajo policial con pagos y contrataciones controvertidas. La Fiscalía Anticorrupción reclama penas que reachan hasta los 15 años para algunos implicados en Interior, 19 años para Villarejo y más de 12 años para el exchófer, cifras que subrayan la gravedad atribuida a los hechos.
Perspectivas y decisiones procesales
El tribunal ya rechazó cuestiones previas solicitadas por las defensas y por la acusación del PSOE que pretendían reabrir diligencias o ampliar la investigación. La presidenta de la sala recordó la cronología de los hechos y la apertura de la causa en 2018 para justificar la continuidad del juicio. En el banquillo se sientan diez acusados, entre exministros y altos mandos policiales, y las próximas sesiones seguirán alternando declaraciones políticas y testimonios técnicos para completar el puzzle sobre quién ordenó, autorizó o se benefició de las actuaciones investigadas.
Al término de esta fase, la suma de las declaraciones políticas y las pruebas policiales marcará si el tribunal considera probado que existió un uso indebido de recursos públicos y una instrumentalización de la fuerza para proteger intereses partidarios. Mientras tanto, la atención se mantiene en la documentación aportada y en el contraste entre las versiones de exresponsables del PP y las de agentes que llegaron a denunciar presiones internas.
