Un juez de la Audiencia Nacional atribuye a Santos Cerdán un papel central en una red que habría comenzado en la SEPI y continuado con encargos para presionar a jueces, fiscales y la UCO; en los registros han intervenido la sede de Ferraz y varios domicilios relacionados.
La instrucción abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional describe un recorrido que arranca en presuntos amaños de contratos y desemboca en una operación destinada a perjudicar a quienes investigaban causas incómodas para el PSOE y el Gobierno.
Según el auto, la relación entre el ex secretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez habría nacido en el ámbito de adjudicaciones públicas vinculadas a la SEPI, y evolucionado hasta encargar actuaciones dirigidas contra jueces, fiscales y la UCO.
Los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) incluyeron la sede del partido en la calle Ferraz, la vivienda de Santos Cerdán en Milagro y domicilios de otros investigados. El auto relaciona pagos, uso de recursos del partido y suministro de información a terceros como piezas de una misma estrategia que habría tenido un coste económico directo para la organización.
El origen en la SEPI y la red Hirurok
La investigación comenzó por presuntos fraccionamientos y comisiones en contratos de empresas públicas dependientes de la SEPI, donde fueron detenidos, entre otros, el expresidente de la entidad Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Esos hechos integran lo que los instructores describen como el grupo denominado Hirurok, supuestamente dedicado a influir en expedientes administrativos a favor de determinados intereses.
Operaciones y alcance económico
Los investigadores manejan indicios de abonos y comisiones por cientos de miles de euros en relación con contratos públicos. En paralelo, las pesquisas apuntan a que Santos Cerdán habría ocupado una posición de jerarquía superior en decisiones estratégicas del entramado, incluyendo la colocación de personal y el reparto de beneficios entre los implicados.
De los amaños a la creación de una ‘cloaca’ política
Una vez consolidada la relación entre Cerdán y Díez, el auto sostiene que en abril de 2026 se produjo la orden para iniciar una campaña contra los responsables de las investigaciones que afectaban al partido: magistrados, fiscales y mandos de la Guardia Civil. Entre los objetivos citados figuran el juez Juan Carlos Peinado, la jueza Beatriz Biedma, el fiscal Alejandro Luzón y el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.
Definición de funciones y recursos
El auto describe cómo la operación se apoyó en la propia estructura del PSOE: desde la puesta a disposición de personal administrativo hasta la utilización de dependencias para reuniones. Además, se señalan pagos directos a terceros implicados, incluyendo cantidades concretas que el instructor atribuye a la financiación de esos trabajos.
Pagos, personas imputadas y efectos procesales
El magistrado apunta a transferencias y abonos a nombres vinculados a la supuesta trama: 27.000 euros a Leire Díez, 20.000 euros a la periodista fallecida Patricia López, y 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo. También se documenta un pago de 4.000 euros mensuales mediante una consultora vinculada a Gaspar Zarrías, por un total de 16.000 euros citado en el auto. En conjunto, el escrito habla de más de 180.000 euros del partido puestos al servicio de la operación.
En la instrucción figuran como investigados —con delitos que van desde la organización criminal hasta la revelación de secretos, cohecho y prevaricación— Santos Cerdán, Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Gaspar Zarrías y la gerente del partido Ana María Fuentes, entre otros. También han sido citados el guardia civil Juan Sánchez Yepes y el abogado Jacobo Teijelo.
Registros y próximos pasos
Los registros practicados han permitido a la UCO incautar equipos y documentación cuya depuración ocupará a los investigadores en las próximas fases. El juzgado mantiene el sumario bajo secreto y se espera que parte de la causa sea asumida por la Audiencia Nacional, según refleja el auto que conecta las distintas piezas investigadas.
Las actuaciones marcarán ahora el calendario procesal y político: los indicios que el instructor describe obligan a profundizar en los pagos y en la utilización de recursos públicos para labores que, de confirmarse, se orientaron a interferir en la independencia de las investigaciones. La causa sigue abierta y la UCO continúa con los análisis forenses del material incautado para determinar el alcance definitivo de la red.
