La defensa de Begoña Gómez ha solicitado trasladar la audiencia previa prevista para el 9 de junio después de que el juez Juan Carlos Peinado citara a la esposa del presidente y a otros dos investigados; la convocatoria exige comparecencia personal y advierte sobre la posibilidad de conducción por la fuerza pública.
El titular del Juzgado ha convocado a Begoña Gómez, a su asesora y a un empresario a una audiencia previa con vistas a un posible juicio con jurado. La fecha señalada para este trámite procesal es el 9 de junio, y la orden judicial subraya la obligación de comparecencia personal para los investigados.
Tras recibir la notificación, el abogado de Gómez ha presentado un escrito solicitando el aplazamiento por una coincidencia de agenda judicial. La petición ha sido confirmada por fuentes cercanas a la defensa, que alegan la existencia de otra citación ante tribunales para la misma fecha.
Contexto del procedimiento
El juez Juan Carlos Peinado abrió este procedimiento después de que las acusaciones populares presentaran sus escritos pidiendo la apertura de juicio oral. En contraste, la Fiscalía y las defensas habían instado al archivo del caso, lo que llevó al magistrado a valorar la situación procesal.
En su auto para convocar la audiencia, el juez señala que no quedan diligencias pendientes que deban practicarse antes de decidir si procede o no la celebración de un juicio con jurado. Por ese motivo ha fijado la comparecencia de las partes implicadas y de quienes actúan como acusación.
Quiénes han sido citados y por qué
Además de Begoña Gómez, la citación alcanza a Cristina Álvarez, asesora próxima a Gómez, y a Juan Carlos Barrabés, empresario. Los tres están investigados por delitos que, en el texto del auto, se califican como corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El juez ha reiterado la necesidad de la presencia física de los investigados porque la pena que se les imputa podría, en su criterio, dar lugar a conductas destinadas a eludir la Administración de Justicia. En la misma resolución advierte de la posibilidad de que sean conducidos por la fuerza pública en caso de incomparecencia.
Intervención de la Universidad Complutense y las acusaciones populares
Como parte interesada en el proceso, la Universidad Complutense actúa como acusación particular por considerar que ha resultado perjudicada. Las acusaciones populares fueron las que formalizaron los escritos de acusación el pasado abril, lo que precipita la celebración de la audiencia preliminar.
La petición de aplazamiento de la defensa
El letrado de Gómez, Antonio Camacho, ha remitido un escrito al juzgado en el que solicita la suspensión de la citación del 9 de junio; afirma que su representada tiene otra comparecencia en tribunales ese mismo día. La solicitud de aplazamiento responde, según la defensa, a motivos de carácter procesal y de organización del derecho de defensa.
Fuentes próximas al equipo jurídico explican que la petición pretende garantizar la asistencia efectiva de la investigada y evitar posibles vulneraciones del derecho a la defensa. El escrito formaliza la coincidencia de actos y solicita que se fije una nueva fecha compatible con todas las partes.
Posibles escenarios tras la solicitud
Si el juez acepta el aplazamiento, se pospondrá la audiencia previa y se abrirá un nuevo plazo para que la acusación, la fiscalía y las defensas ratifiquen o modifiquen sus pretensiones. Si lo rechaza, la comparecencia deberá producirse el 9 de junio según lo ordenado, con la advertencia explícita sobre la conducción por la fuerza pública en caso de no acudir.
Implicaciones y próximos pasos
La decisión sobre el aplazamiento marcará el ritmo del procedimiento. La celebración de la audiencia previa permitiría decidir si se eleva la causa a juicio con jurado, lo que implicaría un proceso más amplio y público. En caso contrario, el juez podría optar por archivar o inhibirse en función de las pruebas y los escritos presentados.
Mientras tanto, el caso mantiene la atención mediática y política por la condición de una de las investigadas como esposa del presidente del Gobierno. Pese a ello, en sede judicial se subraya la separación entre la esfera política y la penal: las actuaciones se tramitan de acuerdo con el procedimiento penal establecido, y a partir de ahora será el propio juzgado el que determine las fechas y medidas que procedan.
En las próximas semanas se conocerá la resolución sobre la petición de la defensa. Hasta entonces, las partes implicadas y las acusaciones preparan sus argumentos para la fase que sigue, conscientes de que la comparecencia personal prevista para el 9 de junio es un punto clave en el desarrollo del proceso.
