Trabajadores de la planta de Leche Pascual en Gurb cortaron la C-17 en señal de protesta por la compra anunciada por Casa Tarradellas; exigen negociación colectiva y alertan sobre el desmantelamiento parcial y el posible traslado de producción a Aranda de Duero
Decenas de empleados de la planta de Leche Pascual en Gurb interrumpieron el tráfico en la C-17 alrededor de las 18:00 horas en una acción reivindicativa destinada a visibilizar la inquietud por el futuro laboral tras el anuncio de adquisición de las instalaciones por parte de Casa Tarradellas.
La protesta, breve pero contundente, se desarrolló delante de la fábrica y combinó pancartas con consignas que apelaban a proteger el empleo de más de ochenta familias vinculadas a la planta.
Los trabajadores sostienen que la línea de tratamiento y envasado de leche para marcas como Lidl y Llet Nostra ha dejado de operar como hasta ahora, y temen que esa producción pueda ser reubicada en otras instalaciones del grupo, entre las que señalan la planta de Leche Pascual en Aranda de Duero, en Castilla y León.
La alerta llega en un contexto en el que las empresas implicadas han defendido que la operación busca mejorar la eficiencia, mientras la plantilla demanda garantías laborales y un proceso de transición negociado.
Motivos de la protesta y demandas de la plantilla
La movilización tenía como eje central la exigencia de una negociación colectiva que asegure el mantenimiento de puestos de trabajo y condiciones laborales. Los manifestantes desplegaron pancartas con mensajes como “vuestro beneficio no vale más que el de 80 familias” y “negociación colectiva ya”, expresando así la preocupación por el impacto social de la compra. Según los representantes sindicales, la acción buscaba presionar para que las conversaciones avanzaran y se fijaran compromisos concretos.
Preocupaciones sobre la cadena productiva
Una de las inquietudes principales es el posible desvío de producción a otras plantas del grupo, lo que implicaría una reducción del volumen de trabajo en Gurb. En su comunicado, la cooperativa de abogados Col.lectiu Ronda señaló que parte de la producción destinada a marcas externas podría ser trasladada a la planta de Aranda de Duero, algo que la plantilla interpreta como un primer paso hacia el desmantelamiento parcial de la instalación.
Negociaciones y estado de las conversaciones
Los representantes de los trabajadores recuerdan que en una mediación celebrada el 7 de mayo no se alcanzó un acuerdo. La ausencia de avances en ese proceso ha generado desconfianza y ha motivado protestas puntuales como el corte de carretera. Además, los delegados laborales alertan de que ya se habría comenzado a desmantelar parte de la fábrica, una circunstancia que aumenta la sensación de urgencia entre los empleados y sus familias.
Posturas de las empresas
Cuando se formalizó la operación a finales de abril, ambas compañías defendieron que la compra permitirá mejorar la eficiencia y la productividad de la planta. En sus declaraciones corporativas, señalaron que la transacción ofrece un “relevo industrial” que preserva la vitalidad productiva de Gurb mediante un nuevo proyecto, y que se prioriza una transición ordenada que contribuya al desarrollo económico local y a la sostenibilidad del tejido agroalimentario.
Impacto local y próximos pasos
La protesta tuvo un efecto inmediato en la circulación de la C-17 durante alrededor de media hora, pero su alcance simboliza una tensión mayor entre búsqueda de eficiencia empresarial y protección del empleo local. Las familias afectadas, la representación sindical y la comunidad piden transparencia en el proceso y medidas que eviten despidos o traslados forzosos. Los trabajadores anunciaron que mantendrán la vigilancia sobre las maniobras en la fábrica y reiteraron su disposición a retomar acciones si no se abren vías de diálogo efectivas.
En este escenario, el desarrollo de las negociaciones será determinante para el futuro de la planta y para la estabilidad laboral de quienes dependen de ella. Mientras tanto, la incertidumbre se traduce en movilizaciones concretas y en una demanda clara: que cualquier cambio productivo vaya acompañado de garantías laborales y de un plan concreto para minimizar el impacto sobre la comunidad.
