La AUGC interpuso una denuncia que apuntaba a maniobras para paralizar investigaciones de la UCO; hoy la Audiencia Nacional investiga una supuesta organización que actuó sobre procedimientos sensibles para el PSOE y el Gobierno
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) presentó el 3 de junio de 2026 una denuncia que ahora sirve como antecedente clave de una investigación más amplia abierta por la Audiencia Nacional. En aquella denuncia la organización profesional alertó sobre intentos de recabar información comprometida y de ejercer presión para bloquear indagaciones lideradas por la Unidad Central Operativa (UCO).
Los hechos relatados combinan supuestas maniobras de influencia, filtraciones internas y contactos con agentes que ocuparon roles relevantes en la propia Guardia Civil.
El auto del Juzgado Central de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso la prensa, sitúa la trama investigada en torno a una presunta organización criminal que habría operado sobre procedimientos judiciales y policiales vinculados a causas sensibles para el PSOE, el Gobierno y el entorno familiar del presidente Pedro Sánchez.
La resolución judicial, fechada el 26 de mayo, recoge comunicaciones y conexiones que conectan a varias personas inicialmente mencionadas en la denuncia de la AUGC.
Origen de la denuncia y primeros apuntes
La queja de la AUGC partió de la sospecha de que Leire Díez, exmilitante socialista, intentaba obtener pruebas o datos susceptibles de dañar la credibilidad del teniente coronel Antonio Balas, jefe del área de delitos económicos de la UCO. La asociación pidió que se tomara declaración tanto a Dáez como al mando implicado y al empresario Víctor de Aldama. Según la AUGC, el objetivo perseguido era desacreditar a la UCO y paralizar investigaciones que afectaban a personas y círculos de relevancia política.
El grupo denominado HIRUROK
Meses después de esa denuncia, la Audiencia Nacional comenzó a investigar una estructura que el auto identifica bajo el nombre de «HIRUROK«. El tribunal sostiene que los integrantes de ese grupo habrían actuado coordinadamente desde 2026, orientando decisiones de la Administración a su favor y movilizando influencias para condicionar procedimientos. En el núcleo señalado aparecen, además de Díez, personas como Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxón, cuyos roles se analizan como parte de un entramado de presunta dirección y ejecución de maniobras.
Encargos y objetivos políticos
El auto judicial atribuye a Santos Cerdán, en su etapa como secretario de Organización del PSOE, la orden de encargar a Díez desde los primeros meses de 2026 la coordinación de actuaciones destinadas a desestabilizar y obstaculizar procedimientos judiciales o policiales que afectaran a intereses del partido, del Gobierno o de la familia del presidente. La mención de este encargo es uno de los pilares sobre los que la investigación intenta establecer responsabilidades y conexiones entre los hechos denunciados y la actuación política coordinada.
Maniobras contra la Guardia Civil y la UCO
El auto describe una campaña específica contra la Guardia Civil y, en particular, contra la UCO, con la intención de tejer un relato que la presentara como parcial o sesgada. Como parte de esa estrategia, se relatan contactos entre Leire Díez y el comandante Rubén Villalba, investigado por cohecho y pertenencia a organización criminal, quien supuestamente habría recibido propuestas para colaborar ofreciendo información que permitiera «desmontar a la GC» a cambio de recuperar su trayectoria profesional.
Filtraciones y expedientes internos
La resolución también atribuye al capitán Juan Sánchez Yepes la filtración de datos reservados sobre la estructura interna de la UCO y la identidad de algunos de sus miembros. Paralelamente, la investigación judicial, a cargo del juez Santiago Pedraz, examina si desde la Dirección General de la Guardia Civil se abrieron expedientes de información reservada que podrían haber sido impulsados por peticiones relacionadas con la trama. Esa línea de indagación es determinante para comprobar si hubo solapamiento entre acciones internas y las maniobras externas denunciadas.
Reacciones institucionales y defensa de los agentes
Ante el auto, la AUGC recordó que actuó antes de que los hechos adquirieran dimensión pública y reivindicó su papel en la defensa de los guardias civiles afectados. La asociación ha criticado el que considera un «silencio institucional» por parte de la Dirección General y ha demandado un respaldo público claro a los investigadores implicados en causas de alto impacto. La AUGC insiste en que la intervención sobre el trabajo de la UCO supone un ataque al principio de independencia que debe regir las pesquisas judiciales.
También la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se ha sumado al apoyo a los agentes, destacando la necesidad de proteger la labor ordenada por jueces y fiscales. La investigación sigue su curso y la Audiencia Nacional continúa recabando pruebas para determinar el alcance real de las supuestas maniobras y la posible implicación de cargos o responsables institucionales, incluida la directora general, Mercedes González, cuya eventual imputación dependerá de pruebas que conecten conversaciones y decisiones con la apertura de actuaciones internas.
En definitiva, la denuncia de la AUGC presentada el 3 de junio de 2026 funciona como punto de partida de una instrucción que busca aclarar si existió una operación coordinada para condicionar investigaciones sensibles y ejercer presión sobre quienes las lideraban. Hasta que concluya la actuación judicial, las asociaciones profesionales reclaman que la UCO pueda desempeñar su trabajo con independencia absoluta y sin campañas de descrédito.
