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El Parlamento europeo aprueba una enmienda para prohibir la amnistía por malversación

El Parlamento Europeo vota a favor de una enmienda que prohíbe la amnistía e indultos a individuos condenados por malversación.

Parlamento Europeo amnistía

La comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo ha aprobado una enmienda que prohíbe la amnistía e indultos a individuos condenados por malversación.

Parlamento Europeo: enmienda que prohíbe la amnistía

Esta enmienda, destinada a reforzar el marco legal europeo; prohíbe expresamente a los Estados miembros otorgar indultos o amnistías a individuos condenados por delitos de malversación.

La decisión, que refleja un firme compromiso con la transparencia y la integridad, ha obtenido un amplio respaldo con 43 votos a favor, 17 en contra y 6 abstenciones.

La enmienda, un claro mensaje contra la corrupción

Los firmantes de esta enmienda, que incluyen al Partido Popular Europeo (PPE) y al grupo de Conservadores y Reformistas (ECR); han dejado claro su objetivo: erradicar la corrupción y garantizar que los responsables de malversación no puedan eludir la justicia mediante indultos o amnistías.

Esta medida se alinea con el espíritu de transparencia y rendición de cuentas que la Unión Europea desea promover entre sus Estados miembros.

La enmienda detalla una lista de delitos para los cuales la amnistía o el indulto quedarían prohibidos; incluyendo cohecho en el sector público; soborno en el sector privado; malversación; apropiación indebida; tráfico de influencias; abuso de funciones; obstrucción a la justicia, y enriquecimiento ilícito por delitos de corrupción.

Próximos pasos y desafíos legislativos

La votación del pleno, programada entre el 26 y el 29 de febrero, determinará la adopción final de esta enmienda.

Aun así, la Unión Europea se enfrenta a desafíos significativos, ya que los Veintisiete aún no han acordado una posición común respecto a esta reforma.

Se espera que las negociaciones entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros no comiencen hasta después de las elecciones europeas de junio, marcando un período crucial para el futuro de la legislación anticorrupción en Europa.

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