A seis meses para las elecciones municipales la reforma del delito de sedición en nuestro país reabre un debate polémico tras el 'procés'.
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La reforma del delito de sedición reabre el debate territorial en España. Después de la ruptura del independentismo y un año tras los indultos a los líderes del ‘procés’ condenados, el cambio llega con polémica. Los cambios del tipo penal crean una brecha tras los «desórdenes públicos agravados» de la cuestión catalana.
La reforma del delito de sedición reabre el debate territorial
Solo seis meses para las elecciones municipales. Ahora la reforma del delito de delito de sedición, que usaron para los líderes independentistas del procés, ha abierto el debate territorial en España.
El anuncio de Pedro Sánchez este jueves 10 de noviembre en laSexta ha generado la reacción del PP. Este ha recuperado su discurso cotidiano y también ha generado divisiones dentro del propio PSOE. Actualmente hay barones muy críticos con la política apaciguadora del presidente del Gobierno.
«Desórdenes públicos agravados»
Las modificaciones en este tipo penal, que será sustituido por uno de «desórdenes públicos agravados», son polémicas para el PP. De momento, Alberto Núñez Feijóo ha respondido con dureza a la pretensión del Gobierno. Ha explicado que si llega a La Moncloa devolverá este delito al Código Penal. Y no solo eso. Si bien la posibilidad de una moción de censura está sobre la mesa. Sin embargo, si no salen las cuentas, el líder popular ha apostado por llamar a la rebelión interna dentro del propio PSOE.
Por su parte, barones socialistas como los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Extremadura, Guillermo Fernández Vara; o Aragón, Javier Lambán, son muy críticos. Lo han mostrado en las últimas horas con la apuesta de Sánchez. Los tres líderes socialistas se juegan la reelección el próximo mayo ante electorados menos comprensivos con la cuestión catalana, por lo que la reapertura de este melón ha levantado suspicacias en estos territorios. La dirección federal del PSOE está convencida de que el coste electoral es asumible, pero la coincidencia en el tiempo de la negociación presupuestaria hace que parezca una nueva cesión del Ejecutivo a los independentistas de ERC.
