El Ministerio de Transportes aclara el uso de fondos públicos en viajes oficiales.
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Contexto del caso
El Tribunal Supremo ha solicitado información al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre los gastos relacionados con los viajes realizados por el exministro José Luis Ábalos y su delegación. Esta solicitud se enmarca dentro de la investigación del caso Koldo, que ha levantado una serie de interrogantes sobre la gestión de los fondos públicos y la transparencia en el uso de los mismos.
Respuesta del Ministerio de Transportes
En un comunicado oficial, el Ministerio ha asegurado que los 500.000 euros mencionados por el Tribunal reflejan el coste total de los viajes y no son pagos directos a Ábalos. Según la información proporcionada, la mayor parte de estos gastos fue abonada a la agencia de viajes encargada de gestionar los desplazamientos, incluyendo billetes de tren y avión, así como reservas de hotel.
El Ministerio también ha aclarado que no se realizaron transferencias a cuentas personales del exministro durante los años en cuestión.
Detalles sobre la gestión de los viajes
Los viajes de los ministros se gestionan bajo un régimen de resarcimiento establecido por un Real Decreto que regula las indemnizaciones por razón del servicio. Esto significa que todos los gastos generados por la delegación son atribuidos al ministro, aunque en realidad corresponden a los costos totales de los viajes. Además, se menciona que parte de los gastos se abona en metálico como anticipo, el cual se justifica posteriormente con las facturas correspondientes.
Reacciones y comentarios de José Luis Ábalos
José Luis Ábalos, actual diputado del grupo mixto en el Congreso, ha expresado su descontento a través de las redes sociales, calificando la situación como un “error estrepitoso” y un “gran ridículo”. Ábalos ha criticado la falta de consulta previa a entidades como Hacienda o la Intervención General del Estado, sugiriendo que esto podría haber evitado malentendidos en la investigación. Su postura refleja una preocupación por el uso de la información en su contra y el impacto que esto tiene en su imagen pública.
