La exconsejera de Interior solicita una transcripción literal y completa de su declaración.
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Contexto del caso DANA
La gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunidad Valenciana ha sido objeto de investigación judicial debido a la trágica pérdida de 219 vidas. En este contexto, Salomé Pradas, exconsejera de Interior y Emergencias de la Generalitat Valenciana, se encuentra en el centro de una controversia legal relacionada con la transcripción de su declaración como imputada.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra está a cargo de la investigación y ha solicitado a Pradas que aclare qué partes de la transcripción considera incorrectas o incompletas.
La defensa de Salomé Pradas
Los abogados de Pradas han presentado un recurso en el que argumentan que no es su responsabilidad proporcionar una transcripción precisa de su declaración.
En su escrito, los letrados destacan la «inexactitud» del documento entregado a las partes y piden su anulación. La defensa sostiene que lo que Pradas requiere no es una corrección, sino una transcripción literal de su declaración, que duró casi tres horas. Según ellos, la transcripción actual, que abarca solo diez folios, no refleja adecuadamente el contenido de su testimonio.
Derechos fundamentales en juego
La defensa de Pradas también ha señalado que existen herramientas de transcripción que ya son utilizadas por otros órganos judiciales, y advierten que no se puede sacrificar un derecho fundamental por motivos de carga de trabajo. En este sentido, solicitan que se realice una nueva transcripción completa y literal basada en la grabación original de la declaración. Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar el derecho a una defensa adecuada y la necesidad de que las transcripciones judiciales sean precisas y completas.
Implicaciones del caso
La situación de Pradas es particularmente delicada, ya que es la única persona imputada en este caso, junto con Emilio Argüeso, exnúmero 2 de Emergencias de la Generalitat. Hasta ahora, la jueza ha rechazado otorgar la condición de investigados a otros funcionarios presentes en la reunión del Cecopi, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso. La resolución de este conflicto sobre la transcripción podría tener un impacto significativo en el desarrollo de la investigación y en la percepción pública sobre la gestión de la crisis.
