El gobierno otorga diez días a las comunidades para actualizar su capacidad de acogida
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El contexto de la crisis humanitaria en Canarias
La situación de los menores migrantes no acompañados en España ha alcanzado niveles alarmantes, especialmente en regiones como Canarias y Ceuta. La reciente Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de actualizar los datos sobre la capacidad de acogida de estos menores.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado que el gobierno ha dado un plazo de diez días a las comunidades autónomas para que actualicen sus cifras, lo que permitirá establecer la capacidad ordinaria de acogida en cada territorio.
Debate entre el gobierno y las comunidades autónomas
Durante la Conferencia, que se extendió por aproximadamente cuatro horas, se debatió el real decreto-ley que regula el reparto de menores migrantes. Este decreto, que ya ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados, no ha sufrido modificaciones, lo que ha generado críticas por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Estas autonomías han calificado los criterios de reparto como «arbitrarios y forzosos», lo que ha llevado a un clima de tensión y descontento.
La postura del Partido Popular y la respuesta del gobierno
Desde el Partido Popular se ha denunciado que no se permitió votar el real decreto durante la Conferencia, lo que ha sido defendido por la ministra Rego, quien argumenta que el decreto ya está ratificado y, por lo tanto, no es objeto de votación. Además, ha señalado que no se han presentado propuestas de modificación por parte del PP, lo que ha contribuido a la falta de avances en el debate. Rego ha expresado su preocupación por la crisis humanitaria que enfrentan Canarias y Ceuta, enfatizando que el enfoque debe centrarse en la situación de los menores migrantes y no en el bloqueo político.
La importancia de la cooperación entre administraciones
A pesar de las diferencias políticas, la ministra ha resaltado la necesidad de mantener la cooperación con las comunidades autónomas. El real decreto contempla la posibilidad de modificar los criterios de acogida si existe un consenso unánime entre las comunidades. Este enfoque colaborativo es esencial para abordar de manera efectiva la crisis de los menores migrantes y garantizar que se les brinde la atención y el apoyo que necesitan.
