El juez Peinado insiste en investigar la relación de Gómez con el rescate de la aerolínea.
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Contexto de la investigación
La investigación judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha mostrado una firme determinación por esclarecer la relación de Gómez con el rescate de Air Europa, una aerolínea que recibió una inyección de 615 millones de euros durante la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.
Esta decisión ha suscitado críticas tanto de la Fiscalía como de la propia Begoña Gómez, quien ha defendido su inocencia y ha cuestionado la validez de la investigación.
Las objeciones de la Fiscalía
La Fiscalía ha expresado su desacuerdo con la decisión del juez Peinado de continuar la investigación.
En un reciente comunicado, el fiscal calificó la insistencia del juez como «irregular» y «extraordinariamente grave», argumentando que la Audiencia Provincial ya había desestimado la posibilidad de investigar el rescate de Air Europa, considerándolo como meras conjeturas. A pesar de esto, Peinado ha solicitado informes a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que ha llevado a la Fiscalía a cuestionar su interpretación de las resoluciones judiciales previas.
La defensa de Begoña Gómez
Begoña Gómez, a través de su abogado, ha presentado un recurso en el que critica la interpretación del juez sobre la decisión de la Audiencia Provincial. Según su defensa, el juez está llevando a cabo una «fishing expedition», es decir, una búsqueda indiscriminada de pruebas sin tener indicios concretos. Gómez sostiene que la investigación debería basarse en pruebas existentes y no en la mera posibilidad de encontrar irregularidades. Esta postura ha generado un debate sobre los límites de la investigación judicial y la necesidad de respetar los derechos de los investigados en un Estado de derecho.
El papel del juez Peinado
El juez Peinado ha defendido su posición, argumentando que la información publicada en diversos medios de comunicación sobre el ‘caso Koldo’ proporciona suficientes motivos para ampliar la investigación. Se refiere a un informe de la UCO que menciona una supuesta llamada entre Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, y Begoña Gómez, lo que, según él, podría indicar irregularidades en el rescate. Esta afirmación ha sido recibida con escepticismo por parte de la Fiscalía, que insiste en que no hay nuevos indicios que justifiquen la continuación de la investigación.
La controversia en torno a la investigación de Begoña Gómez no solo afecta a su reputación personal, sino que también tiene implicaciones más amplias para el Gobierno español. La percepción pública de la justicia y la transparencia en la gestión de fondos públicos se encuentra en el centro de este debate. A medida que la investigación avanza, la presión sobre el Gobierno y el sistema judicial aumenta, lo que podría tener repercusiones significativas en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La situación actual plantea preguntas sobre la independencia del poder judicial y su capacidad para actuar sin influencias políticas.
