La jueza Nuria Ruiz Tobarra llama a declarar a 16 alcaldes y funcionarios clave.
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Contexto de la investigación de la DANA
La gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunidad Valenciana ha sido objeto de una exhaustiva investigación liderada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Este fenómeno meteorológico, que causó graves inundaciones y pérdidas humanas, ha llevado a la magistrada a citar a declarar a un total de 16 alcaldes de diversas localidades, entre ellos la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
La decisión de la jueza se basa en la necesidad de esclarecer las responsabilidades en la gestión de la emergencia y la respuesta de las autoridades ante la catástrofe.
Las citaciones y su relevancia
Entre los alcaldes citados se encuentran los de Riba-roja, Cullera, Torrent, Massanassa, Benetússer, Alfafar, Picanya, Cheste, l’Alcúdia, Guadassuar, Sot de Chera, Aldaia y Quart de Poblet.
También se han convocado a las exalcaldesas de Requena y Chiva, quienes perdieron sus cargos tras mociones de censura en sus municipios. La inclusión de estos testimonios es crucial para entender cómo se gestionó la crisis y si se tomaron las decisiones adecuadas en momentos críticos.
Testimonios de expertos y funcionarios
Además de los alcaldes, la jueza ha decidido llamar a declarar a un funcionario de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y a la Jefa del Departamento de Meteorología en À Punt, Victoria Rosselló, quien aportará su experiencia como meteoróloga. Estos testimonios son fundamentales para evaluar la información meteorológica que se manejó durante la DANA y cómo esta influyó en las decisiones de las autoridades. La jueza también ha presentado como prueba un mensaje enviado a la población en 1982, durante la pantanada de Tous, que muestra la importancia de la comunicación en situaciones de emergencia.
Decisiones sobre la investigación
En un reciente auto, la jueza ha decidido no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ni a tres altos cargos de Emergencias de la Generalitat. Esta decisión ha generado controversia, especialmente tras las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien afirmó que no se le informó sobre el riesgo de desbordamiento del río Magro. La jueza argumenta que la responsabilidad no puede recaer únicamente en la estructura administrativa, lo que sugiere una posible falta de coordinación entre las distintas autoridades durante la crisis.
Implicaciones de la investigación
La investigación sobre la gestión de la DANA no solo busca esclarecer responsabilidades, sino que también tiene implicaciones importantes para la gestión de futuras emergencias. La jueza ha señalado que la falta de información y la exclusión de ciertos miembros en las reuniones de emergencia podrían haber contribuido a la gravedad de la situación. Este caso pone de relieve la necesidad de mejorar los protocolos de comunicación y coordinación entre las distintas entidades involucradas en la gestión de crisis, para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
