La consulta pública del ministerio de Economía genera críticas y dudas legales
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Introducción a la consulta pública
La reciente consulta pública abierta por el ministerio de Economía sobre la opa del BBVA y Sabadell ha suscitado un intenso debate en el ámbito financiero y legal. Esta consulta, que concluye este viernes, permite a empresas, organizaciones y particulares expresar su opinión sobre la operación corporativa.
Sin embargo, la legitimidad de este proceso ha sido cuestionada por un abogado que amenaza con impugnarlo, alegando que carece de cobertura legal y presenta defectos formales significativos.
Reacciones legales y críticas
El abogado Ibor Fernandes Romero, del despacho Statera Legal, ha presentado un requerimiento al ministerio solicitando el cese de la consulta.
Según su argumento, el procedimiento es «sin cobertura legal» y podría ser considerado una «vía de hecho». Esta situación ha generado inquietud entre ex altos cargos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quienes advierten que la falta de un acto jurídico publicado podría comprometer la validez del proceso. La falta de respuesta por parte del ministerio en el plazo estipulado podría llevar al despacho a presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
La defensa del ministerio de Economía
A pesar de las críticas, el ministerio de Economía ha defendido su decisión de abrir la consulta, argumentando que busca obtener información valiosa antes de elevar el dictamen de la CNMC al Consejo de Ministros. Este dictamen, que da luz verde a la operación bajo ciertas condiciones, es crucial para el futuro de la opa. La consulta, que ha estado abierta durante el período establecido, busca recoger opiniones sobre los criterios de interés general que podrían justificar un endurecimiento de los requisitos para la operación.
Controversias sobre la legitimidad del proceso
Uno de los puntos más controvertidos de la consulta es la falta de un proceso de verificación de identidad para los participantes. Esto ha llevado a preocupaciones sobre la posibilidad de suplantación de identidades y la emisión de múltiples respuestas, lo que podría desvirtuar el propósito democrático de la consulta. A pesar de estas críticas, el ministerio ha asegurado que se depurarán las respuestas para evitar duplicidades y falsedades, aunque la efectividad de estas medidas sigue siendo objeto de debate.
Implicaciones para la libertad empresarial
El despacho que ha presentado el recurso sostiene que la consulta pone en riesgo el derecho a la libertad empresarial. A efectos legales, el titular de Economía no puede actuar sobre los resultados de la consulta pública, lo que plantea interrogantes sobre la utilidad del proceso. La controversia en torno a la consulta refleja un malestar en el mundo financiero, donde la transparencia y la legitimidad de los procedimientos son fundamentales para mantener la confianza en las instituciones.
