La Guardia Civil impugna una orden que prohíbe sancionar el consumo de drogas en coches aparcados.
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La decisión de Jucil y su impacto legal
La asociación de la Guardia Civil, Jucil, ha tomado la decisión de llevar al Ministerio del Interior ante los tribunales debido a una reciente orden que prohíbe multar a quienes consuman drogas dentro de vehículos estacionados.
Esta acción legal, presentada el 14 de mayo, busca la suspensión cautelar de la orden emitida por la Secretaría de Estado de Seguridad, argumentando que la misma «vulnera derechos fundamentales». Los miembros de Jucil sostienen que la falta de sanciones en estos casos atenta contra el derecho a la seguridad de los ciudadanos.
La controversia se intensifica al señalar que esta medida podría generar desigualdades entre comunidades autónomas, ya que la orden no se aplica a las policías autonómicas. Según fuentes de la organización, la nueva normativa podría facilitar que los vehículos se conviertan en «espacios seguros» para el consumo de drogas, lo que también beneficiaría a los traficantes al permitirles operar sin temor a ser sancionados.
La postura del Ministerio del Interior
La instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad establece que los vehículos particulares gozan de «protección reforzada» al ser considerados parte de la privacidad de los ciudadanos. El Ministerio del Interior argumenta que el consumo de drogas en un coche aparcado no se considera una infracción administrativa, a menos que el vehículo esté destinado al tráfico de estupefacientes. Esta interpretación ha generado un amplio debate sobre la efectividad de las leyes actuales y su aplicación en la práctica.
El cambio en la normativa también se enmarca en un contexto más amplio, relacionado con la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como ley mordaza. El PSOE y Sumar han acordado reducir las multas por tenencia de sustancias ilegales, lo que ha llevado a un debate sobre la necesidad de una reforma más profunda en la legislación sobre drogas.
Reacciones de los sindicatos y expertos
El sindicato de Policía Jupol, que comparte intereses con Jucil, ha criticado duramente al Ministerio del Interior, acusándolo de «hacer trampas» y «tergiversar» sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional. Según Jupol, el Ministerio ha omitido información clave que justifica la intervención de los agentes en vehículos particulares, lo que podría invalidar la nueva orden. Esta situación ha generado un clima de desconfianza entre los cuerpos de seguridad y el Ministerio, lo que podría afectar la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana.
Los expertos en derecho y seguridad han señalado que la falta de claridad en la normativa puede llevar a confusiones en la aplicación de la ley, lo que a su vez podría resultar en un aumento del consumo de drogas en espacios públicos y privados. La situación actual plantea interrogantes sobre cómo se abordará el consumo de drogas en el futuro y qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
