Montero defiende la legalidad de las operaciones de la SEPI mientras el PP exige aclaraciones y mantiene abierta la posibilidad de una nueva convocatoria
La citación de María Jesús Montero ante la comisión del SEPI en el Senado encendió un debate que mezcla elementos judiciales y electorales. La exministra, ahora candidata del PSOE-A, aseguró ante los parlamentarios que los rescates y préstamos tramitados por la entidad pública respondieron a procedimientos avalados por instancias técnicas, una defensa que colisionó con la estrategia del PP, que ha ido recabando documentos y testimonios para cuestionar esas explicaciones.
La intervención prevista para el 20 de abril ha reabierto la discusión sobre si una comparecencia parlamentaria puede condicionar la campaña y sobre qué márgenes existen para volver a citar a un testigo cuando aparecen nuevas pruebas.
Tras la sesión inicial, los populares hicieron público el contenido de misivas atribuidas a intermediarios que habrían gestionado operaciones relacionadas con la venta de activos y el rescate de compañías como Air Europa y Plus Ultra.
En este escenario, el senador Gerardo Camps advirtió que mentir en una comisión de investigación constituye un ilícito penal y que, de acreditarse falsedades, Montero sería convocada de nuevo para ampliar sus aclaraciones. La tensión política se combina con diligencias abiertas por la vía judicial y con pesquisas de la Unidad Central Operativa, lo que complica la lectura exclusiva en clave de campaña.
Documentos y mediaciones que han salido a la luz
Fuentes parlamentarias y periodísticas han puesto el foco en el papel de intermediarios como Víctor de Aldama, cuya actuación habría incluido tanto gestiones ante la SEPI como contactos con directivos de empresas implicadas. Las pesquisas citan mensajes, reuniones celebradas en 2019 y 2026 y la existencia de intercambios epistolares que, según el PP, desmienten versiones ofrecidas en sede parlamentaria. En paralelo, las cifras del rescate no son menores: para Air Europa se aprobó un crédito total de 475 millones de euros, articulado como un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones con un plazo de amortización de seis años, datos que forman parte del debate sobre la idoneidad y la tramitación de la operación.
Pagos, reuniones y vinculación con Globalia
La investigación ha señalado además relaciones concretas entre directivos de Globalia y representantes institucionales. Se ha informado de pagos periódicos a intermediarios —10.000 euros mensuales en el caso atribuido a Aldama— y de encuentros en los que, siempre según las pesquisas, se trataron cuestiones vinculadas al rescate. También figura en la documentación un patrocinio de 40.000 euros anuales vinculado a entidades dirigidas por personas cercanas a altos cargos, elementos que han servido para abrir líneas de averiguación judicial sobre la posible influencia en decisiones administrativas.
La reacción política y las normas sobre comparecencias
El PP ha aprovechado la publicación de cartas y mensajes para reclamar responsabilidades políticas y forzar nuevas convocatorias. Desde su punto de vista, la figura del compareciente tiene la obligación de decir la verdad y, si surgen contradicciones entre una sesión y otra, corresponde repetir la citación. Frente a esa pretensión, el PSOE defendió la oportunidad de la citación y presentó recursos que fueron sobreseídos en el seno de la Junta Electoral Central, que consideró que la convocatoria en el Senado se enmarca en la autonomía parlamentaria y que no compete a la JEC ordenar su suspensión, aunque pidió prudencia en el ejercicio de las funciones durante el periodo electoral.
Plazos y calendario
La ley orgánica que regula las comparecencias establece plazos claros: la notificación ordinaria debe practicarse con quince días de antelación y, en casos de urgencia, puede reducirse hasta un mínimo de tres días. Ese mecanismo es relevante porque, si la oposición opta por la vía ordinaria para volver a citar a Montero, la diligencia podría coincidir con el periodo de campaña para las elecciones del 17 de mayo, algo que el PSOE ya ha denunciado alegando perjuicio para la igualdad en la contienda.
Comparecencias previstas y contexto judicial
En los próximos días la comisión continuará su actividad: el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, está citado de nuevo para aportar su versión sobre el rescate y el que fuera director de la asesoría jurídica de la compañía, Ramiro Campos, también deberá declarar. Además, han pasado por el Senado responsables de la SEPI como Belén Gualda y Bartolomé Lora, quienes defendieron la tramitación técnica de los expedientes. En paralelo, investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional y diligencias en otros tribunales siguen la pista de posibles irregularidades, lo que convierte la comisión en un punto de confluencia entre control parlamentario y averiguaciones judiciales.
El resultado de este cruce de informaciones, decisiones judiciales y maniobras políticas marcará la agenda hasta la celebración electoral y, en su caso, determinará si la candidata socialista tiene que volver a sentarse ante los senadores para aclarar lo que ahora se discute en documentos y mensajes. Mientras tanto, la pugna entre defensa de procedimientos y exigencia de responsabilidades seguirá siendo el eje central de la controversia.
