García Ortiz calificó su pena como una flagrante injusticia durante un acto de apoyo en Santiago mientras el Gobierno propone a Teresa Peramato como sucesora
En un acto celebrado en la Casa da Luz de Santiago de Compostela, Álvaro García Ortiz expresó con emoción que su condena es, desde su perspectiva, una flagrante injusticia. Durante la intervención, el exfiscal general defendió la legitimidad del cargo de Fiscal General del Estado como una institución que emana de la voluntad democrática y que debe interpretarse como una garantía del Estado de derecho, no como un estigma personal.
La comparecencia tuvo un tono reivindicativo y personal: García Ortiz aseguró que permanecer en el puesto mientras se tramitaba su proceso fue un ejercicio de responsabilidad hacia quienes creen en otro modelo de justicia. Se mostró conteniendo la emoción y afirmó que su objetivo no es ser percibido ni como héroe ni como víctima, sino como alguien dispuesto a pedir cambios y a reclamar la restitución de su honor.
El acto en Santiago y la defensa pública
El encuentro, organizado por vecinos y figuras de la sociedad compostelana, buscó reconocer el compromiso y la bonhomía del exfiscal. En su discurso, García Ortiz subrayó que el puesto de Fiscal General del Estado implica una enorme responsabilidad y, a la vez, una legitimidad democrática clara porque su función es interpretar la Constitución y promover la acción de la justicia. Rechazó que esa condición sea vista por algunos como un pecado original o una mancha.
Asimismo, recordó que su equipo fue apartado del cargo por defender una concepción de la justicia que pretende igualdad ante la ley. Reivindicó la influencia de la Unión Progresista de Fiscales en su proyecto y remarcó su origen en la periferia, una trayectoria que, dijo, lo aleja de cualquier élite cerrada. García Ortiz comparó además la campaña contra su persona con una suerte de muerte civil al estilo romano, un proceso que, afirmó, no solo perjudica al afectado, sino que obliga a resistir por responsabilidad pública.
Reacciones y apoyos: voces del acto
Entre los asistentes figuraron autoridades locales y representantes del mundo académico y político: la alcaldesa Goretti Sanmartín, la historiadora y política Encarna Otero, el exrector Antonio López, el exdiputado Xoaquín Fernández Leiceaga y la politóloga Marta Lois, entre otros. También acudieron el magistrado Luis Villares y cargos del PSdeG como José Ramón Gómez Besteiro y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.
Fuera del salón, el episodio judicial que culminó con la condena ha generado movimientos paralelos: la Fiscalía ha solicitado amparo ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo rechazó, por ahora, anular la sentencia, despejando vías para recursos posteriores. Esos trámites forman parte de un escenario jurídico en el que la polémica pública y las estrategias procesales se entrelazan.
La sucesión en la Fiscalía: propuesta de Teresa Peramato
Ante el vacío que deja la polémica, el Gobierno ha anunciado la propuesta de Teresa Peramato como nueva candidata a Fiscal General del Estado. El procedimiento previsto exige que el Consejo General del Poder Judicial emita un informe no vinculante, seguido de la comparecencia del aspirante ante la Comisión de Justicia del Congreso antes del nombramiento definitivo por parte del Ejecutivo. Esta propuesta abre un nuevo capítulo para la institución y para su relación con las distintas asociaciones fiscales.
Trayectoria profesional de la candidata
Teresa Peramato, nacida en Salamanca en 1962, accedió a la carrera fiscal en 1990 tras trabajar como letrada de la administración de justicia. A lo largo de su carrera ocupó puestos en fiscalías provinciales y especializadas, siendo fiscal delegada en Madrid en 2005 y ascendiendo a roles vinculados a la lucha contra la violencia sobre la mujer. En mayo de 2026 fue promovida a Fiscal de Sala y, según fuentes, en febrero de 2026 fue nombrada por García Ortiz titular de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Posiciones públicas y controversias
Peramato ha presidido la Unión Progresista de Fiscales y defendió en su momento la llamada ley del ‘solo sí es sí’, enfatizando que la norma buscaba centrar la respuesta penal en la ausencia de consentimiento, aunque posteriormente matizó los efectos prácticos y reconoció el dolor de víctimas afectadas por revisiones de penas. También se ha pronunciado a favor de medidas como la instalación de pulseras telemáticas para control de agresores cuando la justicia lo autorice, subrayando la necesidad de proteger a las víctimas mientras se implementan sistemas técnicos.
Desafíos inmediatos para la Fiscalía
La eventual llegada de Peramato culmina en un reto doble: restaurar la confianza institucional tras una condena histórica y definir el perfil de una Fiscalía que, en los últimos años, ha experimentado cambios frecuentes en su cúpula. Para la candidata, según sus defensores, supondrá demostrar solvencia técnica y sentido institucional; para sus críticos, será la oportunidad de evaluar si su trayectoria y sus posiciones públicas encajan con las expectativas de independencia.
El episodio pone de relieve la tensión entre política, justicia y opinión pública en la gestión de la Fiscalía. Mientras tanto, García Ortiz y sus apoyos siguen reclamando la reparación de su imagen y la restitución de su honor, en un proceso que continuará desarrollándose tanto en los tribunales como en la arena política y mediática.
