El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha anunciado este jueves una consulta pública para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años y regular su publicidad.
El Ministerio de Consumo, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha dado un paso significativo en su campaña contra las bebidas energéticas. Este jueves, la institución ha lanzado una consulta pública para un anteproyecto de ley que busca prohibir la venta de estos productos a menores de 16 años.
Además, se plantea extender la prohibición hasta los 18 años cuando la bebida supere los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
Esta iniciativa no surge de la nada. La semana pasada, el partido Sumar presentó una propuesta similar en el Congreso, pero fue rechazada con 178 votos en contra (PP, Vox, Junts y Coalición Canaria), 166 a favor y 5 abstenciones.
Ante este revés, el Ministerio de Consumo ha decidido retomar el control del proceso legislativo.
Detalles de la consulta pública
La consulta pública marca el inicio del proceso para recoger opiniones de la ciudadanía y de los colectivos afectados. El objetivo es abordar los problemas asociados al consumo de bebidas energéticas, evaluar la necesidad de la norma y explorar posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.
Según ha revelado El Confidencial, la medida no se limita a la venta. El texto del anteproyecto también busca regular el acceso y la publicidad de estas bebidas dirigidas a menores. Datos del Ministerio de Sanidad indican que el 38,4% de los jóvenes entre 14 y 18 años consume bebidas energéticas, con una incidencia mayor en chicos (45,7%) que en chicas (31%). Además, un 15% de estos adolescentes mezcla estas bebidas con alcohol, una práctica que, según el Ministerio, «multiplica los riesgos para la salud«.
Recomendaciones y tendencias internacionales
La propuesta del Ministerio de Consumo se basa en las recomendaciones de la Agencia Española de seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ambos organismos advierten sobre los efectos adversos del consumo excesivo de cafeína, que pueden incluir alteraciones del sueño, cambios de comportamiento y problemas cardiovasculares.
Esta regulación complementa el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, que ya prohíbe la venta de bebidas energéticas en centros escolares. Además, España se alinea con países como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría y Lituania, que han implementado normativas similares. Algunas comunidades autónomas españolas, como Galicia y Asturias, también están avanzando en esta dirección.
Apoyo social y armonización legislativa
El Ministerio de Consumo destaca el amplio respaldo social a esta iniciativa. Según el último barómetro de la AESAN, nueve de cada diez personas en España están de acuerdo con limitar el consumo de bebidas energéticas durante la infancia y la adolescencia. Bustinduy subraya la necesidad de «armonizar esta legislación a nivel estatal, favoreciendo la unidad de mercado».
En resumen, la consulta pública lanzada por el Ministerio de Consumo representa un esfuerzo significativo para proteger la salud de los jóvenes y regular un mercado que ha crecido sin suficientes controles. La participación ciudadana será clave para definir el alcance y los detalles de esta importante normativa.
