La UCO ha expuesto un intento de infiltración política en la Guardia Civil, con altos cargos presionando para frenar investigaciones sensibles al gobierno.
En un giro impactante, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una serie de presiones políticas que habrían intentado influir en investigaciones sensibles. Según los informes, altos cargos del Instituto Armado habrían actuado para frenar pesquisas que podrían afectar al entorno del presidente Pedro Sánchez.
La trama, liderada por figuras como Santos Cerdán y Leire Díez, se centró en controlar distintos estamentos de la Guardia Civil. El objetivo era evitar cualquier investigación que pudiera perjudicar al gobierno o al partido en el poder.
Presiones en la cúpula de la Guardia Civil
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, habría presionado a los mandos de la UCO para que se pusieran de perfil en investigaciones con afectación política. Según el sumario del caso, Llamas se reunió con un mando de la UCO y le exigió que no fueran proactivos en las pesquisas que pudieran perjudicar al gobierno.
Además, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, calificó una de las solicitudes de la UCO como totalmente prospectiva y malintencionada. Marcos ordenó que se elaborara un informe concluyendo que no había nada en las investigaciones que involucraban al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón.
Reuniones y presiones
El 12 de julio de 2026, se celebró una reunión entre altos responsables de la Guardia Civil para abordar la investigación relacionada con David Sánchez. Durante este encuentro, Marcos manifestó su preocupación por la actuación de los investigadores y ordenó que se elaborara un informe que concluyera que no había pruebas incriminatorias.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, también aparece en la causa. Según el magistrado, González habría investigado a agentes estimulada por miembros de la organización delictiva que intentaban enraizarse en la Guardia Civil. La intención era amedrentar a los agentes y despertar desconfianza hacia ellos.
Campañas de desprestigio
La UCO subraya que, desde abril de 2026, Leire Díez habría comenzado a preparar una vía a través de la directora general de la Guardia Civil para llevar a cabo investigaciones internas contra la unidad. Estas investigaciones se materializaron con la intervención clave de González, quien ordenó abrir tres informaciones reservadas para depurar responsabilidades contra la UCO por presuntas filtraciones.
Además, se puso en marcha una campaña de desprestigio contra la UCO, mientras el conocimiento de estos hechos se atribuye a la directora general de la Guardia Civil, al menos desde el 8 de mayo de 2026.
Testimonios y declaraciones
El jefe de la UCO, Rafael Yuste, declaró que el DAO se presentó en las dependencias de su unidad y les indicó que en los procedimientos con afectación política no fueran proactivos. Yuste también mencionó que se le ordenó enviar al DAO un organigrama de la UCO con los integrantes de las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno.
El jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Alfonso López Malo, recordó una reunión en la que el director general afirmó que el informe sobre los correos debía concluir que no había nada. Malo también mencionó que el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas por las investigaciones que perjudicaban al gobierno.
Estos testimonios revelan un intento sistemático de controlar y manipular las investigaciones de la UCO para proteger intereses políticos. La trama, conocida como caso de la fontanera, sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional.
