David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, enfrenta un juicio en Badajoz por presuntas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz.
En un juicio que ha captado la atención de toda España, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este jueves ante la Audiencia de Badajoz cualquier implicación en la creación de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.
Sánchez, quien se enfrenta a una petición de tres años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, ha defendido que su puesto de trabajo no fue diseñado a su medida.
El juicio, que ha comenzado con gran expectación mediática, ha puesto bajo la lupa las circunstancias de la contratación de David Sánchez y su amigo Luis Carrero en la institución provincial.
Además de Sánchez, otros 10 investigados se sientan en el banquillo de los acusados, incluyendo al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
La defensa de David Sánchez
Durante su declaración, que duró apenas diez minutos, David Sánchez aclaró que la Oficina de Artes Escénicas no era una oficina física con ventanilla, sino una categoría administrativa bajo la cual se agrupaban distintos proyectos culturales. Sánchez explicó que se enteró del cambio de denominación de su puesto —de coordinador de actividades de conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas— cuando ya se había realizado, defendiendo que la modificación respondió a la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando.
Sánchez también detalló las distintas ubicaciones desde las que desarrolló su trabajo, incluyendo un despacho en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz y espacios compartidos en los Servicios Centrales de la institución, en la Plaza de España de Badajoz.
La relación con Luis Carrero
Durante el interrogatorio, Sánchez reconoció mantener una estrecha relación personal con Luis Carrero antes de que este fuera contratado por la Diputación. Sánchez explicó que Carrero le ayudaba a ordenar y redactar algunas de sus ideas y proyectos, pero insistió en que se trataba de una colaboración informal y desinteresada. «Me ayudaba a redactar mejor mis ideas, le compartía en qué estaba trabajando y me ayudaba», declaró Sánchez, negando haber intervenido en la contratación de Carrero o haber tenido capacidad para influir en el proceso.
Respecto a un correo electrónico incorporado al procedimiento en el que parecía anticipar la adjudicación de una plaza a Carrero, Sánchez sostuvo que todo respondió a un malentendido. Según relató, escuchó que iba a crearse un puesto de refuerzo en el área de Cultura y avisó a su amigo para que estuviera pendiente de la convocatoria. Más tarde interpretó erróneamente que la plaza ya había sido adjudicada, cuando Carrero únicamente le estaba informando de que había sido publicada.
Las estrategias de las defensas
En la primera sesión del juicio, las defensas trataron de anular la causa, solicitando la nulidad de gran parte de la instrucción al entender que se habían vulnerado derechos fundamentales. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, declaró que «la raíz está podrida» e invocó la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, que estaba prescrito cuando se inició la investigación siete años después.
La defensa de Miguel Ángel Gallardo, en manos de Juan José Torres, pidió la nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral, alegando que su cliente no fue citado a declarar después de que la causa se ampliara con la adjudicación de la plaza de Luis Carrero. «No puede ser acusado de unos hechos sin haber sido oído antes por el juez instructor», argumentó Torres.
La postura de la fiscalía
La fiscalía, que no acusa en este procedimiento, comparte las tesis de la defensa de Gallardo y ha pedido que no se juzgue al expresidente de la Diputación de Badajoz por el presunto enchufe de Luis Carrero. Argumenta que se vulneró su derecho a la defensa por imputarle «de manera sorpresiva» este cargo sin haber sido informado ni haber sido escuchado previamente por la jueza instructora, Beatriz Biedma.
Por su parte, las siete acusaciones populares se han opuesto a las nulidades planteadas por las defensas, considerando que la instrucción de la causa ha sido ejemplar y que no ha habido investigación prospectiva. Han rechazado que Gallardo quede excluido de la imputación por la contratación de Luis Carrero y que el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se atribuye a David Sánchez haya prescrito.
El tribunal ha rechazado la recusación planteada por el abogado de Carrero, dejando claro que este tribunal es perfectamente imparcial y que su único horizonte es el imperio de la ley. La vista continuará en los próximos días, con la declaración de varios testigos y la resolución sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas.
