Bolaños contesta por escrito a la AJFV: niega descalificaciones personales y afirma que su comentario fue una legítima crítica ante una serie de resoluciones anuladas
El ministro Félix Bolaños ha enviado una carta de respuesta a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en la que rechaza haber realizado cualquier señalamiento personal contra el juez Juan Carlos Peinado. En su misiva, el ministro subraya que sus manifestaciones constituyeron una legítima crítica sobre ciertas resoluciones judiciales vinculadas al procedimiento que afecta a Begoña Gómez, y que su intención fue destacar una circunstancia anormal en el curso de instrucción de ese caso.
Como contexto, la instrucción dirigida por Peinado ha derivado en la propuesta de enjuiciamiento de Begoña Gómez por varios delitos, mientras que la Fiscalía ha solicitado el archivo de la investigación y la acusación popular ha reclamado penas elevadas. Además, según el ministro, alrededor de una decena o más de resoluciones dictadas por el titular del juzgado han sido parcial o totalmente anuladas por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo, y existen quejas aún pendientes de resolución en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Qué defendió Bolaños en su carta
En la carta, Bolaños reivindica el ejercicio de la libertad de expresión para formular valoraciones sobre decisiones jurisdiccionales y recalca que no se dirigieron contra la persona del magistrado. Afirma haber actuado desde el respeto al Poder Judicial en su conjunto y al sistema de garantías, y apunta que su crítica obedecía exclusivamente al hecho objetivo de que un número inusual de providencias dictadas en un único procedimiento fueron anuladas por instancias superiores.
Argumentos y cifras que esgrime el ministro
Bolaños destaca que la existencia de alrededor de una quincena de resoluciones anuladas en una misma instrucción no es un fenómeno habitual y lo describe como una realidad incuestionablemente excepcional. Añade que el CGPJ tiene abiertas varias actuaciones relacionadas con el instructor, incluida alguna presentada por él mismo, y que señalar esa secuencia de hechos no equivale a una descalificación personal, sino a una valoración sobre un comportamiento procesal atípico.
Reacción de la comunidad judicial
La respuesta de la AJFV fue rápida y crítica: en su carta al ministro la asociación consideró inadmisible que desde el Ejecutivo se produzcan ataques personales contra quienes ejercen la jurisdicción, sobre todo cuando se identifica al juez y se alude a un procedimiento en curso. Otros órganos y asociaciones también han tomado posiciones, reclamando respeto institucional y prudencia en las manifestaciones públicas que afecten a la independencia judicial.
Puntos de fricción entre Ejecutivo y poder judicial
El enfrentamiento pone de relieve la tensión latente sobre hasta qué punto pueden los responsables políticos criticar decisiones judiciales sin poner en riesgo la separación de poderes. Para la AJFV y grupos afines, la crítica puede transformarse en señalamiento cuando se personaliza. Por su parte, el ministro sostiene que la crítica jurídica razonada está amparada por la Constitución y que no compromete la independencia de los tribunales.
Implicaciones procesales y calendario no resuelto
En el plano procesal, la causa sigue con recursos presentados ante la Audiencia Provincial y la posibilidad de revisión en el Tribunal Supremo, mientras que la Fiscalía ha pedido el archivo y la acusación popular ha solicitado penas que alcanzarían, en su escrito, hasta 24 años para la principal encausada. Las defensas han recurrido, por lo que quedan pendientes decisiones que pueden confirmar, matizar o revocar lo actuado en instrucción.
Posible impacto institucional y político
Más allá del expediente concreto, el episodio alimenta el debate sobre la relación entre Ejecutivo y Poder Judicial y sobre la conveniencia de mantener un diálogo institucional leal. Bolaños ha expresado su disposición a ese diálogo y ha reconocido la labor de las asociaciones judiciales, mientras que éstas exigen mayor contención y respeto. El resultado de las instancias superiores y las resoluciones del CGPJ marcarán tanto el destino del procedimiento como la intensidad del pulso institucional.
En síntesis, el ministro insiste en que no ha existido ningún ataque personal y que su intervención buscó subrayar una anomalía procesal que, a su juicio, merece atención pública. El intercambio de cartas y la respuesta de organismos judiciales evidencian una pugna sobre límites y responsabilidades que seguirá abierta hasta que los tribunales y los órganos de gobierno judicial clarifiquen los hechos y adopten sus decisiones.
