El auto judicial describe sociedades instrumentales, pagos a consultoras y transferencias que terminan en cuentas vinculadas a Zapatero y a su familia
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el conocido caso Plus Ultra ha dibujado en su resolución un esquema que sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la cabeza de una presunta estructura organizada de tráfico de influencias.
Según el auto, esa red utilizó sociedades instrumentales, contratos de apariencia y canales financieros opacos para favorecer decisiones administrativas, entre ellas la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra por la SEPI en 2026.
El juez también ordenó el bloqueo de determinadas cuentas en el marco de las medidas cautelares.
La mecánica del entramado según el juez
La instrucción describe un reparto de roles: intermediarios, gestores societarios y personas del entorno del expresidente que habrían servido para canalizar fondos y proteger su trazabilidad. El empresario alicantino Julio Martínez aparece como interlocutor clave y administrador de la consultora Análisis Relevante, que, según la investigación, funcionó como centro operativo para recibir y redistribuir recursos. La red operó tanto en España como en el extranjero, con operaciones apuntadas en países como Venezuela, China y Emiratos Árabes, y habría gestionado negocios de alto valor relacionados con el petróleo, el oro o cambios de divisas, según el auto.
Pagos y contratos: cómo se habrían camuflado los fondos
El juez detalla diversas transferencias que vinculan a la aerolínea con sociedades controladas por el entorno de Zapatero. Por ejemplo, Análisis Relevante recibió 301.290 euros de Plus Ultra y otras sociedades como Voli Analítica y lot Domotic Europe percibieron 141.772 y 155.847 euros respectivamente, además de otros 382.602 euros canalizados a través de sociedades pantalla como Caletón Consultores o Summer Wind. Otra sociedad, Idella Consulenza Strategica, habría cobrado el 1% del rescate (530.000 euros) y, según el auto, desempeñó un papel central para desviar fondos al extranjero.
Conexiones internacionales y empresas pantalla
La investigación señala pagos procedentes de empresas vinculadas a empresarios venezolanos, como Inteligencia Prospectiva de los hermanos Amaro Chacón, que habría abonado 368.258 euros a Análisis Relevante. Otras sociedades implicadas en pagos fueron Softgestor (145.200 euros) y Grupo Aldesa (127.050 euros). Además, se apunta a la creación de una offshore en Dubái —Landside Dubai Fzco/Landside Middle East Fzco— que, según el auto, habría servido para recibir fondos fuera del alcance de la trazabilidad en España.
Pagos a la familia y circuitos de redistribución
El juez rastrea transferencias que terminaron en cuentas vinculadas a Zapatero y a su familia: Análisis Relevante habría pagado 490.780 euros a una Cuenta compartida por el expresidente y su esposa entre 2026 y 2026, mientras que la mercantil de las hijas, What The Fav, recibió 239.755 euros por trabajos que el auto describe como meramente formales. Además, esa sociedad percibió 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva. Las cuentas personales de las hijas también registran transferencias importantes: Laura, 247.191 euros entre abril de 2026 y diciembre de 2026, y Alba, 199.904 euros entre abril de 2026 y diciembre de 2026, en las que figura como autorizada la propia Zapatero.
Medidas cautelares y consecuencias políticas
En el procedimiento, el magistrado no sólo describe la estructura sino que aplicó medidas como el bloqueo de saldos, limitando movimientos por importes vinculados a pagos investigados. La orden de bloqueo, que afecta a cuentas que habrían recibido fondos de Análisis Relevante, persigue asegurar bienes que podrían ser resultado de actividades ilícitas y marca la dirección de la instrucción. El auto también indica que Zapatero será citado a declarar como investigado, y que la vía de influencia atribuida a su entorno habría sido la que finalmente permitió la materialización del rescate de Plus Ultra frente a otras gestiones paralelas.
Implicaciones y contexto jurídico
El caso plantea preguntas sobre la separación entre actividad privada y acceso a instancias públicas, y pone en el centro debates sobre transparencia y control de ayudas públicas. El juez habla de contratos y facturas utilizados como cobertura documental para justificar pagos que, a su juicio, respondían a un patrón de recepción y redistribución. Todas las personas señaladas mantienen la presunción de inocencia mientras continúa la investigación, que además analiza la posible comisión de delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
