El más grande proyecto en salud de la Xunta de Feijóo ha generado controversia en el comienzo del año político en Galicia. El hospital de Vigo, reiniciado por el actual presidente del Partido Popular cuando asumió la Xunta en 2009, se ha convertido en un objeto de investigación a raíz del sobrecoste de 470 millones según el Consello de Contas, el ente de fiscalización autonómica.
Esta cifra, que será cubierta del erario público, forma el eje central del debate político propiciado por la oposición que ha solicitado la presentación del presidente Alfonso Rueda y la instauración de una comisión investigadora en el Parlamento.
Esta semana inicia oficialmente el año parlamentario con una sesión plenaria en la que Rueda deberá responder por el sobrecoste señalado, mientras los nacionalistas presionarán para una comisión investigadora sobre las cuentas del hospital Álvaro Cunqueiro, expandiendo también su sonda a los contratos de la Xunta durante la pandemia.
A pesar de que parece poco probable que la petición avance ahora, según lo insinuado por el portavoz del PP, Alberto Pazos Couñago, el reglamento del Parlamento permitirá que la oposición inicie dicha comisión en el futuro sin requerir un acuerdo mayoritario.
La portavoz del BNG, Ana Pontón, desafió al PP a respaldar la comisión y a enfrentar la situación. Si no lo hacen, según ella, estarían señalando su propia culpa. Afirmó que el PP no sólo se encargó de privatizar la construcción y parte de la administración del hospital Álvaro Cunqueiro, que atiende a 600.000 personas, sino que también permitió un aumento en el costo, resultando en un hospital más pequeño de lo planeado, con menos espacio, menos estacionamiento y menos camas.
Los nacionalistas ya habían pedido en agosto que Rueda hiciera una comparecencia específica para abordar el informe de Contas, pero el PP, con mayoría absoluta, denegó la solicitud. José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSdeG, también eligió la situación del hospital de Vigo para su primer cuestionamiento al presidente de la Xunta en la sesión de control del gobierno que inicia el año político este martes.
Pontón afirmó que esta problemática exige respuestas claras y coherentes del gobierno regional. Según ella, el gobierno gallego no ha proporcionado explicaciones adecuadas sobre el aumento en costos ni sobre el tamaño final del complejo hospitalario, que Contas dice que redujo la cantidad de camas planeada. Hasta ahora, las únicas respuestas que hemos recibido se han atribuido a la crisis financiera, una justificación que Pontón considera inaceptable para una gestión pública que debería privilegiar la transparencia y el control de los gastos.
La gestión del modelo de financiación establecido por Alberto Núñez Feijóo para el hospital de Vigo ha recaído en su sucesor, Alfonso Rueda, quince años más tarde. Hasta ahora, Rueda ha defendido la adopción de «un sistema extraordinario para un tiempo extraordinario», remitiendo a la crisis de 2008 como justificación de la decisión. Según él, si no se hubiera recurrido a este sistema, el hospital no se podría haber construido o su finalización habría sido extremadamente demorada.
El Consello de Contas presentó un informe de más de 300 páginas a finales de julio, concluyendo que habría sido más rentable licitar la construcción y los servicios del centro por separado, lo que habría ahorrado alrededor de 470 millones de euros incluyendo el IVA. Además, el informe cuestiona la adopción de este modelo, indicando que no se realizó una comparativa previa en cuanto a eficacia y eficiencia frente a un contrato público tradicional.
El modelo financiero instaurado por Feijóo en Vigo, que actualmente no se utiliza para nuevos hospitales, dependía de los fondos de un operador privado que, a cambio, recibe un canon anual cerca de los 80 millones de euros y explota los servicios no médicos desde la apertura del centro hasta 2035. De este modo, la Xunta pudo inaugurar el centro en 2015 sin recurrir a su presupuesto, pero la oposición y las asociaciones en defensa de la sanidad pública denunciaron una «privatización disimulada» de la sanidad, así como un aumento del gasto a medio y largo plazo. La apertura del centro se realizó apresuradamente y en medio de protestas ciudadanas, lo que desencadenó la mayor manifestación contra las políticas de la Xunta en Galicia durante el mandato de Feijóo.
Contas respalda las críticas previas al rehusar el modelo y critica, además, las condiciones en las que se realizó el estudio de factibilidad de la infraestructura sanitaria. «La intervención», apunta, «representa una de las inversiones con mayor impacto financiero llevada a cabo por la Administración regional, lo cual no respalda la simplificación de este procedimiento administrativo».
Menor superficie útil
El Consello recuerda que en la justificación del centro se requería la disponibilidad de 2.000 camas en todo el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). No obstante, la mayor cantidad de camas erigidas durante el periodo auditado fueron de 1.366 en 2020.
Además, el informe menciona que el diseño básico aprobado antes del inicio del procedimiento de contratación contenía una superficie útil de la infraestructura mayor a 104.000 metros cuadrados. «Sin embargo, la superficie hospitalaria útil fue modificada dos veces», destaca, puesto que «una vez concedido y formalizado el contrato, se recortaron unos 11.972 metros cuadrados». «Estos recortes demuestran una planificación inadecuada de la intervención y, en el caso de la última modificación, viola los principios de igualdad, de no discriminación, de competencia y de transparencia que deben regir la contratación pública», protesta.
Cuando Feijóo, ahora líder del PP, asumió la presidencia de la Xunta en 2009, una de sus primeras acciones fue reactivar el proyecto del hospital de Vigo utilizando financiación externa. Esto provocó que los gastos fueran asumidos por una empresa concesionaria de servicios no sanitarios, lo cual, a cambio, generaría un considerable canon anual diferido hasta 2015 y que se seguirá recibiendo hasta 2035. Según el Consello de Contas, el organismo de fiscalización de la región autonómica, este mecanismo significará un costo adicional de 417 millones de euros para los fondos públicos. Este informe ahora se ha convertido en un importante argumento utilizado por la oposición en el comienzo del nuevo ciclo político, quienes han pedido la intervención del presidente Alfonso Rueda y la formación de una comisión de investigación en el Parlamento.
