Junts plantea una deducción del 15% en el IRPF para alquileres e hipotecas y mantiene su rechazo al decreto que prorroga contratos hasta diciembre del 2027
El grupo parlamentario de Junts per Catalunya ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja que plantea un paquete de incentivos fiscales para aliviar el acceso a la vivienda, al tiempo que reitera su oposición al decreto impulsado por Sumar que prorroga de forma automática los contratos de alquiler hasta diciembre del 2027.
La iniciativa de Junts, de carácter no vinculante, incorpora una deducción en el IRPF por gastos de alquiler o hipoteca y reclama medidas específicas para colectivos vulnerables y para frenar la actividad de fondos buitre.
Los detalles de la propuesta fiscal
En el núcleo de la resolución de Junts figura una deducción del 15% en el IRPF por los gastos relacionados con el alquiler o la hipoteca de la vivienda habitual, con un límite anual fijado en 11.630 euros. Además, el texto sugiere que la vivienda de las personas mayores que residen en centros residenciales conserve la consideración de vivienda habitual a efectos fiscales y propone incentivos destinados al ahorro para la rehabilitación de inmuebles. La formación subraya la necesidad de proteger a los arrendatarios más vulnerables y de controlar la actividad especulativa de los grandes inversores inmobiliarios.
Propuestas complementarias
Junts reclama también políticas dirigidas a limitar la presencia de fondos buitre en el mercado residencial y plantea beneficios fiscales para quienes ahorran con la finalidad de rehabilitar viviendas. En su argumentario insiste en no convertir a los propietarios en el principal soporte público de la crisis habitacional: para los posconvergentes, la responsabilidad de garantizar el acceso a la vivienda debe recaer en el Estado, no en la iniciativa privada.
La batalla parlamentaria por la prórroga
Mientras tanto, el calendario parlamentario marca el próximo 28 de abril como fecha clave: la disposición relacionada con la prórroga de contratos de alquiler se votará en la Cámara Baja en esa jornada, y fuentes de Sumar han apuntado a la última semana de abril para su toma en consideración y la votación inmediata. Con un margen reducido de tiempo, la pata minoritaria del Ejecutivo ha abierto una ronda de contactos que busca sumar apoyos de centro a izquierda y evitar la negativa de formaciones que podrían tumbar la norma.
Negociaciones y apoyos
En las conversaciones que Sumar ha mantenido con distintos grupos parlamentarios han surgido respaldos claros, reservas y abstenciones: formaciones como el BNG y EH Bildu han tendido a respaldar la prórroga, Coalición Canaria mantiene dudas y el PNV pospone su decisión a su comité interno. ERC ha mostrado intención de apoyar la medida aunque critica su escasa ambición. En paralelo, algunas fuerzas como el PP rehusaron participar en la ronda de contactos y Vox fue excluido de las invitaciones, según fuentes de Sumar.
El papel de Junts y el escenario posible
Junts ha dejado claro que su voto será negativo, percepción que confirman sus portavoces al rechazar haber mantenido reuniones con la delegación de Sumar y al apuntar a dos obstáculos: supuestas incorrecciones jurídicas en el decreto y la transferencia del coste de la política habitacional hacia los propietarios. La estrategia de Sumar consiste en presionar hasta el último minuto para convencer a la formación posconvergente y al resto de diputados indecisos, conscientes de que sin ese apoyo la prórroga no lograría salir adelante.
Impacto y cierre
El choque entre la propuesta fiscal de Junts y la prórroga defendida por Sumar representa una pugna sobre quién asume el coste político y económico de la crisis de la vivienda. Con cerca de 2,7 millones de hogares cuya relación contractual expira antes de diciembre del 2027, la votación del 28 de abril adquirirá un carácter simbólico y práctico sobre la respuesta estatal: la iniciativa de Junts puede servir como contrapunto fiscal en el debate, aunque su carácter no vinculante limita su efecto inmediato si no se traducen acuerdos mayores en la Cámara.
