Un pacto entre el PP y Vox convierte a María Guardiola en presidenta con el apoyo de la extrema derecha y entrega a Vox competencias clave en familia, servicios sociales y agricultura
La política extremeña entra en una nueva fase tras un acuerdo cerrado entre Partido Popular (PP) y Vox para formar gobierno autonómico e investir a María Guardiola como presidenta. La negociación, que se ha prolongado desde las elecciones del 21 de diciembre, concluye con la incorporación de la formación de Santiago Abascal al Ejecutivo autonómico mediante una coalición que contempla la vicepresidencia y varias consejerías para Vox, así como un programa conjunto de gobierno que ambas fuerzas consideran vinculante.
Las conversaciones, marcadas por una primera investidura fallida y un fuerte tira y afloja, han terminado con el compromiso de Vox de apoyar la investidura en una sesión prevista para la próxima semana. El candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, asumirá la vicepresidencia y dirigirá además dos carteras: Familia, Desregulación y Servicios Sociales y Agricultura, Ganadería y Medio Natural.
El documento acordado tiene un carácter programático que, según fuentes de ambos partidos, guiará la acción de gobierno durante la legislatura.
Contenido y estructura del acuerdo
El pacto se materializa en un texto extenso —descrito por las partes como un acuerdo programático de 23 páginas que contiene 61 puntos y 74 medidas— y coloca el énfasis en la política migratoria, las prioridades para el campo y la desregulación administrativa. Entre sus puntos centrales figura la limitación del acceso a prestaciones y servicios sociales para las personas en situación irregular, reservando la ayuda para supuestos de urgencia vital. El texto también fija líneas sobre vivienda protegida, prioridad en la asignación de recursos y la intención de reducir el gasto destinado a subvenciones.
Inmigración, acceso a servicios y vivienda
El bloque dedicado a la inmigración propone, entre otras medidas, la exclusión del acceso a la renta básica autonómica a quienes se encuentren en situación irregular, la limitación del acceso a vivienda social y la implementación de un sistema de asignación inspirado en el principio de prioridad nacional. En salud, el acuerdo recoge ambigüedades formales, pero fuentes del PP y de Vox aseguran que no se derogará la sanidad universal protegida por la normativa estatal. En materia educativa, se suprime la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en centros públicos, y se prohíbe el uso del burka y el nicab en espacios públicos.
Menores no acompañados, ONG y repatriaciones
El documento incluye una pieza central sobre los menores extranjeros no acompañados —citados como MENAS— y establece la oposición a mecanismos de reparto y a la participación de la Junta en reformas o acuerdos que faciliten su acogida. Se contempla el impulso de acuerdos con países de origen para agilizar repatriaciones y retornos efectivos, además de medidas judiciales para reforzar la seguridad en los centros de acogida. También se compromete a dejar de financiar determinadas ayudas a ONG que asistan a extranjeros y a no habilitar nuevas plazas de acogida.
Rural, energía, subvenciones y comercio
En el terreno económico y sectorial, el pacto blinda la central nuclear de Almaraz, declara voluntad de no aplicar cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde y expresa el rechazo al acuerdo UE-Mercosur si no garantiza condiciones equitativas para los productores extremeños. Vox asume plenamente la cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, con la intención de aplicar políticas de desregulación administrativa para reducir trámites a ganaderos y agricultores. También se acuerda la reducción al 50% de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas, y una disminución de las partidas de cooperación internacional al mínimo legal.
Reacciones políticas y calendario
Desde el PP se ha festejado el fin del bloqueo y la posibilidad de agotar la legislatura con un acuerdo que, según María Guardiola, representa el diálogo y el avance. El líder de Vox, Santiago Abascal, celebró la entente y remarcó la prioridad de la formación por la defensa del campo y la reducción de cargas. En sentido contrario, el PSOE regional y otras fuerzas de la izquierda han calificado el pacto de insuficiente y con riesgo de retrocesos en derechos sociales; desde Unidas por Extremadura se advierte que causará perjuicio a los más vulnerables. La dirección nacional del PP participó en los contactos y señala que el acuerdo servirá como modelo para negociaciones en otras comunidades.
Impuestos, presupuestos y compromisos finales
En materia fiscal, el texto contempla una rebaja progresiva del IRPF: una disminución anual del 0,25% en los dos primeros tramos que sumaría un punto porcentual en cuatro años. Además, el Ejecutivo se compromete a presentar y pactar cuatro Presupuestos anuales y a promover la construcción de al menos 3.500 viviendas protegidas. El gobierno resultante plantea así una combinación de medidas fiscales, de reducción del sector público y de reformas en inmigración y agricultura que marcarán la agenda de Extremadura durante la legislatura.
