Mariano Rajoy comparece como testigo, defiende a los acusados y niega la existencia de un operativo ilegal contra Luis Bárcenas
En la sede de la Audiencia Nacional el expresidente Mariano Rajoy ha prestado declaración como testigo y ha rechazado de forma rotunda las imputaciones que conectan al partido y al Gobierno con un supuesto operativo para sustraer información al ex tesorero Luis Bárcenas.
Durante su intervención, Rajoy ha mantenido la tesis de que lo ocurrido fue una actuación policial dirigida a recuperar dinero y localizar presuntos testaferros, y no una operación política urdida desde el Ejecutivo o con fines partidistas.
El testimonio del exdirigente se produjo en un ambiente marcado por la expectación judicial y mediática, y coincidió con la presencia en el banquillo de antiguos altos cargos del Ministerio del Interior.
Rajoy ha enfatizado su desconocimiento sobre detalles operativos y ha defendido la legalidad de las actuaciones que se llevaron a cabo entre 2013 y 2015, contraponiendo su versión a las pruebas documentales y sonoras que obran en la causa.
La versión de Rajoy ante el tribunal
El ex jefe del Gobierno ha argumentado que ni el presidente, ni el ministro ni el secretario de Estado «están en las operaciones policiales», y que, por tanto, no correspondía a la cúpula política gestionar detalles de investigaciones específicas. Con estas palabras ha querido blindar a exmiembros como Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez, a quienes ha defendido señalando que las labores operativas son competencia de la Policía. Rajoy ha reiterado que, en su opinión, la intervención perseguía recuperar fondos y averiguar el entramado financiero alrededor de Bárcenas, y que cumplió la legalidad en todo momento.
Pruebas planteadas por la Fiscalía y las defensas
Frente a la narrativa de Rajoy, las acusaciones esgrimen mensajes, audios y anotaciones en agendas que sitúan a responsables policiales y a comisarios en el origen de lo que se denomina operación Kitchen. Entre esas pruebas figuran comunicaciones que, según la Fiscalía, demuestran que el dispositivo logró su propósito y llegó a volcar información sensible. Los fiscales y las acusaciones particulares consideran que estos elementos contradicen la versión oficial de que todo fue una actuación estrictamente legal y desvinculada del partido.
Mensajes, audios y apuntes
Los elementos probatorios incluyen mensajes certificados ante notario y grabaciones que, en la acusación, describen un seguimiento al entorno de Bárcenas y la captación de un chófer con acceso a documentos. Estos materiales son utilizados por la Fiscalía Anticorrupción para sostener la existencia de un despliegue que excedería las competencias habituales de una investigación policial. La defensa, por su parte, sostiene que los registros acreditan únicamente una pesquisa orientada a localizar bienes y a identificar a intermediarios.
Declaraciones de implicados y contradicciones
Además de los audios, las memorias y declaraciones previas de figuras como el excomisario implicado forman parte del rompecabezas probatorio. Rajoy ha pedido que se contraste su testimonio con esos soportes, manteniendo que las anotaciones de terceros no prueban la existencia de una trama política organizada. La sala deberá valorar hasta qué punto las grabaciones y los mensajes depositan responsabilidades penales o solo describen actuaciones policiales con objetivos perseguidos por la Fiscalía.
Reacción política y contexto judicial
Tras la comparecencia, la dirección del partido ha cerrado filas en torno a Rajoy, subrayando que el tiempo y la Justicia darán la razón a su versión. El episodio remite, además, a antecedentes procesales como el juicio por la llamada caja b del partido, que ya supuso condenas y marcó la salida del Gobierno anterior. En este marco, los defensores del ex dirigente insisten en que las investigaciones internas y las reacciones públicas pertenecen a un capítulo anterior pero conectado por el hilo conductor de la información sensible filtrada.
Qué está en juego
La resolución de este proceso no solo condicionará la responsabilidad de los acusados, sino que sirve para evaluar la línea entre actuaciones policiales lícitas y posibles usos indebidos del aparato del Estado en beneficio de intereses partidarios. La Audiencia deberá ponderar testimonios, mensajes y grabaciones para decidir si se trató de una operación parapolicial con implicaciones políticas o de una investigación orientada a la recuperación de activos y a la identificación de intermediarios en el extranjero.
Conclusión
En resumen, la sesión dejó una posición clara por parte de Rajoy: negar conocimiento y respaldar la legalidad de las actuaciones, mientras que la Fiscalía y las acusaciones mantienen la existencia de pruebas que apuntan a un dispositivo con derivadas políticas. El curso del juicio determinará si esas pruebas alcanzan el umbral necesario para sostener las imputaciones o si, por el contrario, se confirma la versión oficial de una investigación policial ajustada a derecho.
