Koldo García comparece en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas y defiende que actuó para "ayudar"; niega pagos regulares de Víctor de Aldama y sostiene que no tenía potestad para decidir contrataciones
El juicio por la compra de mascarillas en la pandemia enfrenta en el Tribunal Supremo a figuras centrales del episodio: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En la sesión que se celebró el 30/04/2026, según la cobertura en directo, Aldama testificó antes de que comenzara el interrogatorio a García.
El acusado insistió en que su función fue ayudar y gestionar asuntos prácticos, pero rechazó haber cobrado 10.000 euros mensuales o haber recibido regalos de forma sistemática. También aclaró que, aunque trasladó una propuesta de una empresa vinculada al comisionista, no tenía capacidad para adjudicar contratos.
El marco del proceso y las acusaciones
El procedimiento investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia y el papel de intermediarios. Entre las piezas del sumario aparecen mensajes de WhatsApp analizados por la UCO, documentos patrimoniales y testimonios que buscan establecer si existió un flujo de favores o pagos indebidos. La acusación popular y el fiscal han planteado preguntas sobre la gestión de contrataciones en empresas públicas como Ineco, la posible intermediación de Víctor de Aldama y los presuntos beneficios recibidos por colaboradores del exministro. Koldo situó su actuación dentro de un papel de apoyo, subrayando que muchas decisiones no dependían de él.
La versión de Koldo García
En su declaración, Koldo García repitió que su cometido fue el de asesor y persona que «resuelve problemas», llamara a quien hiciera falta y facilitara trámites que consideraba necesarios. Frente a la pregunta sobre pagos, negó recibir 10.000 euros mensuales de Aldama y rechazó la existencia de regalos de gran valor sistemáticos, aunque admitió que en ocasiones adelantó gastos —como pagos vinculados a la vida personal del ministro— que, según dijo, fueron devueltos posteriormente. Afirma que trasladó ofertas de empresas al ministerio, pero que carecía de la facultad para adjudicar contratos.
Relación con Ábalos y con Sánchez
García puso énfasis en su lealtad hacia José Luis Ábalos, a quien ayudó para evitarle cargas administrativas o personales. Respecto a su vínculo con Pedro Sánchez, explicó que antes de que éste fuera presidente no dudaba en comunicarse con él, pero que esa dinámica cambió tras la llegada a La Moncloa: «cuando llegó a ser presidente, yo ya no hablaba con el presidente», afirmó en su respuesta. Respecto a la vida privada del exministro, García rechazó que presentara a nadie como «la querida» y defendió el derecho a la privacidad de las personas afectadas.
Contrataciones y el caso de Jésica
Sobre la contratación en Ineco y el envío de currículums, García reconoció que remitió el currículum de una persona conocida como Jésica, pero negó haber entrado en la entrevista o dirigir el proceso de selección. Aclaró que, si el interés real hubiera sido colocarla mediante un intermediario, habría sido más sencillo que Aldama la contratara en una empresa privada en lugar de en una entidad pública. También admitió que ayudó a buscar piso y que, tiempo después, se abonaron mensualidades relacionadas con ese alojamiento tras una presión de la interesada.
Pruebas, teléfonos y colaboración con las fuerzas de seguridad
García cuestionó la integridad de los chats incluidos por la UCO en sus informes y dijo que las conversaciones aportadas no estaban completas, por lo que su lectura resultaba parcial. Defendió que mantuvo una relación de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desde principios de los noventa en labores de lucha antiterrorista y explicó la presencia de 27 teléfonos prepago en su domicilio como herramienta para proteger el anonimato de confidentes: según su relato, los dispositivos eran desechables y se renovaban por seguridad. Además, se quejó por no haber tenido acceso a los teléfonos requisados durante la investigación.
Tensión personal, riesgo penal y cierre provisional
En el tribunal, García relató episodios de tensión: afirmó que dejó de hablar con Aldama tras una pelea física y censuró la actuación de agentes que, según él, entraron armados en su casa mientras su hija menor estaba presente, lo que consideró una exposición al riesgo. También advirtió del efecto que el procedimiento tiene sobre su familia y reivindicó su disposición a colaborar con las investigaciones. A lo largo de la sesión subrayó que se juega hasta 22 años de prisión y mostró preocupación por proteger a sus allegados, mientras la causa sigue su curso y el resto de declaraciones continúa determinando el alcance del llamado caso mascarillas.
