Carles Puigdemont, el ex presidente que se encontraba en exilio desde hace siete años, hizo una aparición pública de cinco minutos el jueves pasado en el Paseo Lluís Companys de Barcelona, cerca del Arco de Triunfo y Palacio de Justicia.
Él estuvo respaldado por un grupo de 3.200 simpatizantes al frente del Parlament, con la intención de evitar su detención, a medida que la delegación parlamentaria de Junts avanzaba hacia el Parque de la Ciutadella. No obstante, Puigdemont no participó en este desfile.
Mientras el líder de Junts se escabullía por detrás del escenario con Jordi Turull, sus colaboradores más cercanos, Gonzalo Boye, Josep Lluis Alay, Jami Matamala y Jordi Cabré, generaban la expectativa de su llegada al Parlament. Después de una hora de murmullos y llamadas, estos finalmente abandonaron el parque sin siquiera haber noticias de Puigdemont. Para ese momento, el líder de Junts que había prometido participar en persona en el debate de investidura, ya había logrado evadir el cerco policial infructuosamente establecido por los Mossos.
El segunda escape de Puigdemont deja en su estela varias víctimas, todas presuntamente en el lado independentista. Entre estas se encuentran la reputación ya desgastada de los Mossos d’Esquadra, la función del presidente del Parlament, Josep Rull, la posición de su grupo parlamentario que mostró su aislamiento, y cualquier posibilidad de restablecer lazos con ERC. En ausencia de una detención, no había motivos para solicitar la suspensión de la sesión. Aunque Junts lo intentó, no encontró apoyo en el Parlament.
El jueves, Puigdemont tuvo la ocasión de impedir la elección del socialista Salvador Illa, pero ello requería su arresto para que Junts pudiera justificar la pausa en el procedimiento. En tal situación, tanto Esquerra como los Comunes habrían apoyado a Junts en el Parlament, ya que estos ya habían expresado favor hacia esa opción planteada también por Rull. Algunos en Junts soñaban con extender dicha suspensión hasta el 26 de agosto, para forzar una segunda ronda electoral. Esa era la última estrategia de Puigdemont para impedir la elección de Illa, pero pese a los intentos de Junts, la elección se llevó a cabo ya que no se presentaron razones válidas para pausar el procedimiento. Junts lo intentó, pero no recibió apoyo.
Confusión en Junts
Al principio de la sesión, varios miembros del Grupo de Junts en el Parlament estaban tan sorprendidos como el resto de los legisladores ante la ausencia repentina de Puigdemont. Durante las primeras horas de la sesión, los legisladores de Junts parecían desconcertados. Esa confusión era evidente cuando Albert Batet, el portavoz del grupo, le indicó a Rull que sería él quien respondería primero al candidato Salvador Illa, una tarea que la mayoría del grupo esperaba que Puigdemont realizara.
El discurso de Batet rompió cualquier posibilidad de alianza con Esquerra. Criticó que Pere Aragonès «fue elegido con los votos de la CUP y Junts, quienes juntos representamos el 52% del electorado, y ahora Aragonès se va y su partido votará por Illa, el principal defensor del 155 en Cataluña incluso antes que el PP decidiera aplicarlo», reprochó luego de criticar la actuación policial ordenada por el consejero Joan Ignasi Elena.
Batet se mostró firmemente en contra de la intervención policial liderada por el conseller Joan Ignasi Elena en el Parlamento, ridiculizando a los Mossos y comparándolos con la Policía y la Guardia Civil en su búsqueda de urnas y papeletas.
Cuando se hizo evidente que Puigdemont no iba a presentarse en el Parlament, su grupo exigió la suspensión del debate basándose exactamente en esa intervención policial. Sin embargo, Junts quedó aislado y Rull no pudo utilizar su voto de calidad presidencial debido a que contaba únicamente con el apoyo de la otra representante de Junts. ERC se alió con el PSC. Posteriormente, en la reunión de la Junta de Portavoces, los comunes consolidaron la mayoría y el resto de la oposición -PP, Vox, CUP y Aliança Catalana- también rechazaron las intenciones de los neoconvergentes.
Un Rull abatido argumentaba que «La Mesa tiene la obligación de tramitar todas las solicitudes de los grupos parlamentarios» al reanudarse el debate. No obstante, los numerosos intentos por entorpecer la sesión no solo causaron molestias a los otros grupos, sino que también generaron división dentro del partido.
Por último, la jornada de ayer demostró que la capacidad de movilización del independentismo liderado por Puigdemont está disminuyendo. A pesar de no ser el momento más adecuado y de la posible detención tras siete años en Bélgica, además del apoyo unánime de todos los grupos independentistas, se esperaba una movilización mayor. No obstante, las 3.500 personas registradas por la Guardia Urbana están muy por debajo de las grandes movilizaciones independentistas anteriores.
En 2019, las protestas en respuesta al fallo del Tribunal Supremo contra los cabecillas del procés catalán lograron reunir a un número significativamente mayor de personas. Incluso los CDR, organizadores de las manifestaciones, admitieron implícitamente esta realidad, instando a un nuevo acto de protesta durante la tarde y aseverando que «debemos ser más que esta mañana».
Ayer, Puigdemont desplegó su última baza política, la de un retorno a Cataluña, con resultados que han sido, como mínimo, agridulces para su partido. Salvador Illa fue investido sin inconvenientes adicionales y la actuación policial en disputa propició que solo Junts hiciera mención a la «dictadura de las togas». Incluso Albert Batet optó por omitir cualquier referencia al juez Llarena.
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