El patrón es igual cada vez que un saharaui llega al aeropuerto de Barajas y solicita asilo internacional. En ese instante, el Ministerio del Interior designa a un intérprete para la conversación que inicia el proceso de petición de asilo y apátrida.
Juristas familiarizados con este proceso han criticado al Independiente que el departamento presidido por Fernando Grande-Marlaska recurrentemente asigna traductores de origen marroquí, hablando el dialecto dariya, a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo que instó a la contratación de intérpretes que hablan hasanía, dialecto del Sáhara, y nunca de ascendencia marroquí debido al conflicto persistente con el Sáhara Occidental, región ocupada por Marruecos desde 1976.
El último acontecimiento de este tipo ocurrió el domingo por la noche en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Las autoridades policiales asignaron el caso de un recién llegado saharaui a un abogado y a un traductor de nacionalidad marroquí. «Impusieron a una abogada marroquí y a un intérprete marroquí. La conducta policial en estos casos es impresionante. Ignoraron todos los procedimientos y el derecho de defensa fundamental de un solicitante proveniente de los campos de refugiados saharauis», le dijo una fuente familiarizada con este caso específico a este periódico.
«Eviten designar intérpretes marroquíes».
Según una determinación dirigida a la dirección de Política Interior del ministerio del Interior, Francisco Fernández Marugán, quien actuó como Defensor del Pueblo desde 2017 hasta 2021 hasta que Ángel Gabilondo fue nombrado, sugiere que «en las peticiones de asilo internacional presentadas en la frontera por los saharauis, se requiera la colaboración de traductores de hasanía y se evite la presencia de intérpretes de Marruecos». Fernández Marugán explica que «la conflictiva relación entre el Sáhara Occidental y Marruecos es conocida y no necesita de más detalles. Asimismo, es innecesario resaltar la relevancia de las entrevistas en los casos de peticiones en la frontera, que es crucial cuando los demandantes no disponen de documentación que respalde sus testimonios. En esta situación, es fundamental establecer un ambiente de confianza para facilitar el relato, lo cual es incuestionablemente imposible si los intérpretes son ciudadanos del país contra el cual los demandantes están en pugna».
Es vital establecer un ambiente donde prevalezca la confianza para facilitar la narración del relato.
«En las situaciones en las que hay conflictos no resueltos entre naciones, no parece lógico ni adecuado que, en el contexto de un proceso de asilo, se contraten servicios de personas que, debido a su nacionalidad, puedan provocar incomodidad o antagonismo al solicitante y que le hagan cuestionar su imparcialidad, teniendo en cuenta la confrontación existente entre sus respectivas naciones de origen», agrega el Defensor del Pueblo. En este sentido, por ejemplo, no parecería ni prudente ni garantista asignar las declaraciones de los solicitantes ucranianos a traductores de origen ruso.
La figura en aquel entonces del Defensor del Pueblo hizo una sugerencia a raíz de ciertas quejas por parte de un colectivo de saharauis. Al arribar al aeropuerto de Madrid, se les asignó un intérprete marroquí de la compañía Ofilingua. Las denuncias de los saharauis señalaban que los traductores no lograban interpretar correctamente sus testimonios, debido a su desconocimiento del idioma hasanía. Además, expresaron una significativa desconfianza al ser sus intérpretes de nacionalidad marroquí, según refleja el documento. En semanas recientes, han continuado los casos con reclamos similares. Una jurista encargada de este tipo de peticiones en Barajas afirma haber identificado hasta cinco instancias recientes donde se ha recurrido al mismo método.
«En uno de los rechazos más recientes, se le asignó a un joven un traductor marroquí en su primera petición, en contra de lo sugerido por el Defensor del Pueblo. Todos somos conscientes de la perspectiva de los marroquíes sobre el conflicto del Sahara, incluso aquellos que residen aquí. Opinan que el Sahara les pertenece», subraya una abogada. «Hace poco, un joven saharaui muy agitado llegó y al leer la resolución, aseveró que no había expresado lo que el intérprete había traducido. Efectivamente, al interponer el recurso, fue aprobado debido a que estaba muy bien argumentado y su relato era totalmente convincente», añade. Los casos que están llegando a España provienen principalmente del Sahara Occidental, el último territorio por descolonizar de África y no autónomo según la ONU. Escapan de la opresión ejercida por la fuerza policial marroquí y la marginación a la que los someten las autoridades marroquíes frente a los colonos que se han ido estableciendo en el territorio durante las últimas décadas.
El Ministerio del Interior no proporciona razones para desestimar la sugerencia.
Pese a la decisión tomada, el Ministerio del Interior persiste en la misma conducta perjudicial para los postulantes saharauis, quienes suelen ser especialmente vulnerables después de, en muchas instancias, padecer violaciones a derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la antigua provincia española ocupada desde 1976 por el régimen alauí. Representantes del Ministerio del Interior se han negado a justificar su resistencia a acatar la sugerencia. La sugerencia, según se cita en el Defensor del Pueblo, fue descartada. “Por razones de privacidad y para preservar la identidad y protección de los solicitantes, no es factible proporcionar datos sobre los trámites llevados a cabo por la Oficina de Asilo y Refugio”, aducen desde la oficina de prensa del departamento liderado por Grande-Marlaska, a pesar de que este diario no había pedido en ningún momento información ni estadísticas que pudieran poner en riesgo la confidencialidad de las peticiones.
En la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) reconocen el escollo. “Existe un déficit de intérpretes disponibles”, señala a este medio Elena Muñoz, coordinadora nacional de Jurídico de CEAR. “También hay cierta tendencia a la automatización. Es cierto que en las consultas iniciales, cuando el individuo ha expresado su deseo de proceder en hasanía, se ha realizado un cambio e incluso el mismo intérprete si dominaba ambas lenguas ha efectuado una modificación”, suma. “Es crucial evitar estas circunstancias. Lo esencial es que el intérprete sea competente y profesional, sin importar su procedencia. Se debería enfocar en los requisitos para las licitaciones de las empresas de traducción”.
Marlaska, un defensor empedernido de la cooperación con Marruecos y su aparato policial que tiene un extenso registro de violaciones a los derechos humanos, no respeta la directriz de la Unión Europea. Esta establece que los Estados miembros deben tomar las acciones pertinentes para asegurar que las entrevistas individuales se desarrollen en un ambiente que permita a los solicitantes explicar de manera detallada las razones de sus peticiones. Se debe también garantizar que la persona encargada de conducir la entrevista esté capacitada para considerar la situación personal y general que rodea a la solicitud, teniendo en cuenta la cultura del solicitante, su género, orientación sexual, identidad de género y su vulnerabilidad.
La Unión Europea requiere que se tomen las medidas necesarias para que las entrevistas personales se desarrollen en condiciones que permitan a los solicitantes exponer de manera completa las razones de sus solicitudes.
Además, la directiva de la UE indica que los Estados miembros no deben compartir información relacionada con las solicitudes individuales de asilo internacional o el hecho de haberse presentado una solicitud, con los supuestos perpetradores de la persecución o daños graves. Tampoco se debe obtener ninguna información de estos presuntos agentes de persecución o daño grave de tal manera que se les informe directamente que la persona en cuestión ha presentado una solicitud. De la misma manera, no se debe poner en riesgo la integridad física del solicitante o de las personas bajo su responsabilidad, ni la libertad y seguridad de los miembros de su familia que permanecen en el país de origen.
Hay una alarmante falta de intérpretes disponibles.
Además, en CEAR enfatizan que esta situación no solo concierne a los idiomas dariya y hasanía, sino también a otras lenguas. “Hemos estado experimentando estos problemas durante varios meses debido a la falta de intérpretes disponibles”, comenta. También advierten que algunas de las entrevistas son realizadas a través de interpretación telefónica, lo cual puede afectar la calidad de las mismas.
Recientemente, el Ministerio del Interior liberó una propuesta de más de 13 millones de euros para la contratación de servicios de interpretación y traducción. Esta propuesta tiene como objetivo reforzar las unidades la Policía Nacional en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Estos son los lugares donde se acogen a los migrantes que llegan a través de la frontera. Varios representantes de los sindicatos policiales expresaron su descontento frente a la demora de estas medidas de refuerzo, las cuales consideran insuficientes, y piden a Grande-Marlaska que amplíe el personal en Canarias, Ceuta, Melilla, Baleares y el Aeropuerto de Madrid, especialmente en el contexto del aumento de las migraciones.
Las condiciones laborales de los traductores también están siendo evaluadas. Hace dos años, se hizo público el escrutinio de las condiciones precarias en las que trabajan los intérpretes en juicios y comisarías. Empleados de Ofilingua SL, empresa que ha ganado numerosas licitaciones públicas, denunciaron en su momento la situación en la que se ofrece el servicio.
