La Audiencia Nacional aplica la ley que permite descontar penas cumplidas en el extranjero.
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La decisión de la Audiencia Nacional
El reciente fallo de la Audiencia Nacional ha permitido la liberación de Balbino Saenz Olarra, un preso de ETA que había estado cumpliendo condena en España. Esta decisión se basa en la aplicación de una nueva ley sobre el intercambio de antecedentes penales, que fue aprobada en octubre y que modifica el cómputo de las penas cumplidas en el extranjero.
Gracias a esta normativa, Saenz Olarra ha visto descontada la pena que cumplió en Francia, lo que ha llevado a la extinción de su condena.
Contexto de la ley y su controversia
La ley que ha permitido esta liberación ha generado un intenso debate político en España.
A pesar de haber sido aprobada con el apoyo de todos los partidos, la inclusión de una enmienda que elimina la excepción para los presos de ETA ha sido motivo de controversia. El Partido Popular, que se opuso a la ley, no logró enmendarla ni vetarla, lo que ha llevado a críticas sobre la rapidez con la que se están aplicando sus disposiciones. La ley permite a los reclusos de ETA descontar del tiempo máximo de cumplimiento de sus condenas los años que han pasado en prisión en otros países, como Francia.
El caso de Balbino Saenz Olarra
Balbino Saenz Olarra, conocido por su participación en el ‘comando Madrid’, fue condenado a 10 años de prisión en Francia antes de ser extraditado a España. En total, su condena en España ascendía a 108 años por varios delitos, incluyendo intentos de asesinato. Sin embargo, tras la aplicación de la nueva ley, su situación ha cambiado drásticamente, permitiéndole salir de la prisión de Martutene, donde cumplía su condena. Este caso es emblemático, ya que refleja cómo las reformas legales pueden impactar directamente en la vida de los reclusos y en la percepción pública sobre la justicia.
Reacciones y futuro de otros presos de ETA
La red de apoyo a presos de ETA, Sare, ha celebrado la decisión de la Audiencia Nacional, aunque ha expresado su preocupación por la lentitud en la aplicación de la ley. Actualmente, hay 52 presos de ETA que esperan que se les apliquen las reducciones de condena correspondientes. Sare ha denunciado que esta lentitud podría considerarse una violación de derechos, obligando a muchos a cumplir más tiempo del que les corresponde según la nueva normativa. A medida que se implementa esta ley, el futuro de otros reclusos de ETA se convierte en un tema de interés y debate en la sociedad española.
