La Fiscalía reabre el caso de los protocolos que impidieron traslados a hospitales en Madrid.
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Contexto de la investigación
El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha convocado a declarar a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Estos funcionarios son considerados responsables de los protocolos que impidieron el traslado de ancianos enfermos desde residencias a hospitales al inicio de la pandemia de COVID-19.
Este caso ha cobrado relevancia tras la denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas, quienes argumentan que las decisiones tomadas por estos funcionarios resultaron en una denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
Los protocolos en cuestión
Carlos Mur, quien era director de Coordinación Sociosanitaria al inicio de la pandemia, firmó un protocolo que bloqueaba el traslado de miles de residentes enfermos a hospitales.
Este protocolo se basaba en criterios que discriminaban a los pacientes en función de su movilidad o deterioro cognitivo. Por su parte, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien asumió el cargo de Mur en mayo de 2020, fue el encargado de implementar un ‘protocolo técnico’ que especificaba cómo debían ejecutarse estas directrices. La denuncia alega que estas decisiones fueron fundamentales en la crisis de atención sanitaria que enfrentaron las residencias durante los momentos más críticos de la pandemia.
Reapertura del caso y su impacto
La Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la reapertura de este caso el 1 de abril, después de que se archivara provisionalmente casi tres años antes. La decisión de reabrir la causa se basa en la necesidad de investigar a los altos funcionarios que elaboraron y aplicaron estos protocolos, en lugar de centrarse únicamente en los directores y médicos de las residencias. Las organizaciones que han coordinado la denuncia celebran que, por primera vez, se llame a declarar a estos altos cargos, lo que podría abrir la puerta a una mayor rendición de cuentas en el sistema de salud pública.
Responsabilidad y consecuencias
Aunque Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo se presentan como investigados, no están obligados a declarar la verdad. Sin embargo, se espera que revelen detalles sobre la implicación de otros funcionarios, incluyendo al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y a la propia Isabel Díaz Ayuso. Las decisiones adoptadas por el Gobierno regional han tenido un impacto devastador en la vida de muchos residentes, lo que ha llevado a un clamor por justicia y responsabilidad política. La denuncia colectiva ha sido repartida entre diversas fiscalías, lo que indica la magnitud del caso y la preocupación por la atención sanitaria durante la pandemia.
