El juez Pedraz cita a declarar a un inspector de la Policía Nacional en un caso que involucra a Podemos.
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Contexto de la investigación
La Audiencia Nacional ha tomado un giro inesperado en la investigación que involucra a la Policía Nacional y a la formación política Podemos. El juez Santiago Pedraz ha decidido investigar al inspector Bonifacio Díaz Sevillano, quien ha sido citado a declarar el próximo 6 de junio.
Esta decisión surge en el marco de una causa que examina las presuntas investigaciones prospectivas realizadas sin control judicial sobre varios miembros de Podemos.
La formación morada ha solicitado la declaración del inspector, argumentando que se han llevado a cabo investigaciones irregulares que atentan contra la integridad de sus miembros.
La Fiscalía, tras escuchar las declaraciones de testigos, ha apoyado esta diligencia, lo que sugiere que hay elementos suficientes para continuar con la indagación.
Las declaraciones de los testigos
En marzo, dos testigos clave, Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado, afirmaron que altos funcionarios de la Policía, incluido Bonifacio Díaz, se acercaron a ellos para obtener información sobre cargos de Podemos. Según sus testimonios, se les proporcionaron fichas policiales para identificar a los miembros de la formación política. Sin embargo, el juez ha decidido no imputar a estos testigos, argumentando que no hay suficientes indicios que los vinculen directamente con la causa.
Además, el juez ha rechazado citar a otros exfuncionarios de la Policía, como Germán Rodríguez, quien ya ha declarado como investigado. Esta decisión ha generado controversia, ya que muchos consideran que la falta de testimonios de estos exjefes podría limitar el alcance de la investigación.
Las acusaciones de Podemos
Podemos ha presentado una querella que incluye delitos de organización criminal, revelación de secretos y prevaricación administrativa. En su escrito, el partido sostiene que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad, realizaron investigaciones ajenas a cualquier interés policial, sin control judicial. Según la formación, el objetivo era filtrar información a los medios para desprestigiar a sus miembros, lo que representa un grave ataque a la democracia y a la integridad de las instituciones.
Entre las acusaciones más graves se encuentra la manipulación de documentos y registros policiales para dar apariencia de legalidad a las actuaciones de los querellados. Este modus operandi, según la querella, se tradujo en varias acciones, incluyendo la investigación al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y la filtración de documentos falsos.
Reacciones políticas y el futuro del caso
Las reacciones a esta investigación no se han hecho esperar. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a las acusaciones de la actual dirección de Podemos, afirmando que es falso que el Gobierno haya espiado a la formación. Esta declaración ha generado un nuevo debate sobre la relación entre las instituciones y los partidos políticos en España.
A medida que se acercan las fechas de las declaraciones, la atención mediática y pública sobre este caso aumenta. La investigación no solo pone en tela de juicio la actuación de la Policía Nacional, sino que también plantea serias preguntas sobre la transparencia y la ética en la política española. Con varias diligencias pendientes, incluido el testimonio de otros agentes policiales, el desenlace de este caso podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país.
