Bárcenas relata ante la Audiencia Nacional que Rosalía Iglesias pensó que la seguían en 2013, una declaración que vuelve a poner en el centro al caso Kitchen y al papel del chófer Sergio Ríos
El ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, declaró en la Audiencia Nacional que su esposa, Rosalía Iglesias, le transmitió la sensación de ser seguida mientras él permanecía en prisión. En su testimonio explicó que, aunque ella se sentía vigilada, en un primer momento pensó que se trataba de periodistas y no de un dispositivo policial organizado.
Esta comparecencia forma parte del juicio sobre el caso Kitchen, que investiga un presunto operativo destinado a sustraer documentación relacionada con la caja B del partido.
La sesión en la sede judicial de San Fernando de Henares reunió declaraciones que apuntan a una operación con componentes logísticos y humanos: seguimiento, acceso a documentos y pagos con fondos reservados.
Los acusadores sostienen que la maniobra tuvo impulso desde instancias del Ministerio del Interior durante la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, y que el objetivo era evitar que pruebas comprometedoras llegaran a manos de la Justicia en causas como la del caso Gürtel.
El testimonio sobre vigilancia y percepciones
Según la narración de Bárcenas, su esposa le expresó repetidamente la sensación de que alguien la seguía durante sus visitas al centro penitenciario y en actos cotidianos. Él subrayó que ella siempre atribuyó esos seguimientos a personal de prensa, nunca a una estructura policial. En la vista, que se celebra como parte del procedimiento oral por el caso Kitchen, tanto Bárcenas como su esposa ejercen como acusación particular y mantienen que se trató de una operación clandestina con intención de sustraer documentos sensibles.
El papel del chófer: acceso y traslado de documentación
Una parte central del relato se refirió a Sergio Ríos, contratado por la familia a finales de 2013 como conductor pero descrito por el propio Bárcenas como su «chico para todo«. El extesorero explicó que el chófer no solo conducía: cobraba cheques en el banco, trasladaba archivos y tenía acceso frecuente a dispositivos y despachos. Esa confianza facilitó, según la acusación, que el personal vinculado al operativo accediera a la documentación que el ex tesorero guardaba en su antiguo despacho en Génova.
Acceso a los archivos y traslado
Bárcenas detalló que a finales de enero de 2013 encargó a Ríos que recogiera material de su despacho en la sede del PP en Génova, numerara cajas y las trasladara al estudio de restauración de su esposa en la calle General Díaz Porlier. Ese volumen de enseres fue, según la instrucción, la fuente de la documentación que los acusados habrían sustraído. La Fiscalía plantea que la logística y el acceso a esos papeles fueron elementos clave del presunto espionaje.
Contratación y pagos
La causa también investiga el origen de los pagos que favorecieron la colaboración del chófer. La instrucción alude al uso de fondos reservados para abonar cantidades que habrían incentivado la conducta de Ríos y su eventual incorporación a la Policía. Testimonios y grabaciones de la pieza Tándem vinculan la actuación de algunos comisarios con el control del confidente, lo que refuerza la tesis del entramado.
Los acusados y el eje político del proceso
En el banquillo figuran once personas entre mandos policiales y dirigentes: nombres como Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, el comisario José Manuel Villarejo y el ex director adjunto operativo Eugenio Pino aparecen en la causa como piezas centrales. La Fiscalía sitúa a Villarejo como actor clave en la ejecución del operativo y plantea que la jerarquía de Interior favoreció o permitió la maniobra contra Bárcenas para proteger intereses del partido.
Repercusiones políticas
El juicio ha devuelto la atención pública a los años en los que la cúpula del PP y altos cargos del Gobierno pueden haber estado relacionados con el seguimiento de personas y la gestión de documentos sensibles. Para la defensa de la acusación particular, la operación no fue un incidente aislado, sino parte de un diseño que obliga a examinar decisiones y responsabilidades en instancias ministeriales y policiales.
Claves reservadas para la sentencia
La vista oral continuará con la comparecencia de más testigos llamados a aclarar cómo se articularon los seguimientos, quiénes autorizaron recursos y de qué manera se gestionaron los pagos. Para las partes, la prueba documental, las grabaciones y las declaraciones directas como la de Bárcenas serán determinantes para dilucidar si existió un operativo ilegal y cuál fue el nivel de implicación de los acusados.
En conjunto, la causa plantea preguntas sobre el uso de recursos públicos para fines irregulares y sobre la protección de los derechos fundamentales frente a maniobras de espionaje. El testimonio de Bárcenas, que insiste en la existencia de una trama para apropiarse de material comprometedor, reaviva el debate sobre transparencia, responsabilidad institucional y el alcance real de aquellas actuaciones.
