El auto del juez José Luis Calama señala reuniones entre Zapatero y ministros, deudas con la Seguridad Social y peritajes que cuestionan la concesión del rescate a Plus Ultra
El instructo r de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dedicado un apartado relevante de su auto a la secuencia de contactos y documentación que precedieron al rescate de Plus Ultra. En ese escrito se relacionan encuentros entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y altos cargos del Ejecutivo, así como comunicaciones internas que, según el juez, pudieron influir en la decisión de conceder una ayuda pública.
El documento recoge además informes periciales que ponen en cuestión tanto la situación patrimonial de la compañía como el cumplimiento de los requisitos exigidos por la SEPI para autorizar el préstamo de 53 millones de euros.
Entre los elementos que el auto subraya aparecen de forma reiterada la existencia de una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, aplazamientos sucesivos de ese pasivo y la coincidencia temporal de reuniones relevantes.
El juez anota conversaciones y apuntes de agenda que sitúan un encuentro entre Zapatero y el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sede del Ministerio de Trabajo el 7 de septiembre de 2026, y la aprobación posterior de una reconsideración del aplazamiento el 5 de octubre de 2026.
Reuniones y comunicaciones relevantes
El auto incorpora mensajes y anotaciones que, según el magistrado, evidencian el flujo de información entre distintos actores. Un mensaje del director de la Unidad de Emergencias del Ministerio de Transportes refiere que «está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social», y la agenda de un exasesor apunta a la celebración de un almuerzo entre Zapatero y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Además, se mencionan intermediarios y enlaces que habrían ofrecido informaciones anticipadas a responsables de la aerolínea sobre la inminente concesión de la ayuda.
Acceso anticipado a documentos
Según el auto, hubo avisos previos sobre la llegada de informes jurídicos y técnicos que resultaron determinantes para la autorización final. Ese suministro anticipado de información se encuadra en una cronología que incluye el soplo del 26 de febrero de 2026 y la decisión formal de los órganos gestores a principios de marzo de 2026, cuando se concluyó la tramitación administrativa que permitió desembolsar la ayuda. El juez valora estos hechos dentro del epígrafe dedicado a la «influencia en la concesión de ayuda pública a Plus Ultra».
La situación financiera real de Plus Ultra
El auto reproduce conclusiones de informes periciales, entre ellos uno del bufete Martín Molina fechado en junio de 2026 y observaciones realizadas por asesores externos contratados por la SEPI. Esos documentos advierten de indicios de insolvencia: la compañía habría estado en situación de causa de disolución desde hacía aproximadamente un año, sin suficiente liquidez para operar con normalidad. Asimismo, la auditoría externa encargada por la SEPI, Deloitte, expresó dudas sobre la continuidad de la actividad y problemas graves de caja.
Deudas y certificados
Para acceder a la ayuda era condición estar al corriente en obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019. Plus Ultra presentó certificados que afirmaban estar al corriente, firmados por responsables de la Tesorería; sin embargo, la investigación detectó una deuda acumulada desde julio de 2017 hasta mayo de 2026 que fue objeto de aplazamientos sucesivos. En octubre de 2026 la deuda que figuraba en expediente ascendía a 451.954,79 euros y, según el juez, se concedió un nuevo aplazamiento en esas fechas, pese a las dudas sobre la veracidad y alcance de los documentos aportados.
Implicaciones legales y recorrido procesal
En el auto, Calama sitúa a Zapatero en el centro de una red que, a su juicio, habría tratado de influir en la decisión administrativa. El procedimiento judicial imputa al expresidente delitos que incluyen tráfico de influencias y blanqueo de capitales, además de otras figuras penales relacionadas con la instrumentalización de intermediarios y la circulación de información privilegiada. El magistrado también resalta que algunos informes internos de la SEPI fueron redactionados con el objetivo, según él, de justificar la medida de rescate.
El asunto continúa abiertos en sede penal y la inclusión de documentos, mensajes y peritajes en la causa configura la base probatoria que el juez considera relevante para determinar responsabilidades. Entre las piezas que el auto incorpora figuran comunicaciones internas, notas de agenda y los trabajos de auditoría que muestran discrepancias entre la documentación aportada por la aerolínea y las cifras reales de su situación económica. La investigación seguirá su curso para aclarar si las decisiones administrativas se ajustaron a la normativa y a los criterios exigidos para el acceso a fondos públicos.
