Un análisis de la UCO destaca la participación de altos funcionarios en un escándalo de corrupción dentro del sector de hidrocarburos.
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En un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han revelado graves irregularidades en la concesión de licencias en el sector de los hidrocarburos. La investigación sugiere que una trama criminal, que operó entre septiembre y diciembre de 2025, destinó alrededor de un millón de euros a comprar la lealtad de funcionarios públicos, incluyendo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
El documento, que abarca 182 páginas, detalla cómo la empresa Villafuel, vinculada a Víctor de Aldama, logró obtener su licencia para operar gracias a la mediación de Ábalos y su asesor, Koldo García. Este último se comunicó directamente con altos cargos de los ministerios de Industria y Transición Ecológica, facilitando así el acceso a las autorizaciones necesarias.
Los hechos
La investigación indica que el proceso para obtener la licencia no solo fue irregular, sino que estuvo marcado por un esquema de sobornos sistemáticos. Según el informe, Koldo García tuvo contacto directo con el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, y su homólogo en Transición Ecológica, Marc Isaac Pons. Este entramado se diseñó para asegurar que Villafuel pudiera operar en el mercado de hidrocarburos, a pesar de no cumplir con los requisitos legales establecidos.
Las consecuencias
El informe también revela que la compra de un chalet en La Alcaidesa por parte del propietario de Villafuel estaba directamente relacionada con la concesión de la licencia. Los miembros de la organización criminal consideraban que esta adquisición era clave para el éxito de sus gestiones. Se citan comentarios de los involucrados que reflejan esta creencia, señalando que la compra del chalet estaba vinculada a la obtención de la autorización para operar.
Mensajes e intercambio de información
El informe incluye una serie de mensajes entre los socios de Villafuel que coinciden con el momento en que Ábalos fue cesado de su cargo. En esas conversaciones, Víctor de Aldama tranquilizó a sus socios, asegurando que, a pesar de la salida de Ábalos, los planes continuarían. Esta situación generó un ambiente de confianza entre los miembros de la trama, quienes creían tener garantizada la continuidad de sus operaciones.
Impacto de la investigación y futuro legal
La UCO ha determinado que el líder de la organización criminal, Claudio Rivas, jugó un papel crucial en la intermediación con Ábalos. Se ha documentado que Rivas utilizó a la empresa Have Got Time SL para llevar a cabo un presunto fraude que alcanzó los 49,2 millones de euros entre 2025 y 2025, una parte significativa de los cuales se destinaron a sobornos para influir en funcionarios a cambio de permisos y licencias.
La situación ha llevado a la Audiencia Nacional a investigar este caso, que se desarrolla en un juzgado distinto al que lleva la causa relacionada con Koldo García. Además, la implicación de nuevos nombres en esta trama, como el mencionado Juan Ignacio Díaz Bidart, ha reavivado las sospechas de grupos que han solicitado su declaración ante el tribunal.
La revelación de estos hechos ha generado un intenso debate sobre la corrupción en las instituciones españolas y la necesidad de mayor transparencia en el manejo de licencias y autorizaciones en sectores estratégicos como el de los hidrocarburos. La UCO continúa su labor investigativa para desentrañar todos los detalles de esta compleja red de corrupción.
