El Partido Popular asistió a la protesta de policías, guardias civiles y militares en Madrid para respaldar sus reivindicaciones laborales, en un contexto marcado por una polémica política reciente
En Madrid, la protesta convocada por sindicatos y asociaciones que representan a la Policía Nacional, la Guardia Civil y efectivos militares volvió a reunir voces en la calle para reclamar mejoras laborales que, según los organizadores, siguen sin resolverse. La concentración celebrada el sábado 18 de abril tuvo como ejes centrales la equiparación salarial con policías autonómicos y el reconocimiento de la actividad como profesión de riesgo, cuestiones que las plataformas consideran determinantes para la carrera profesional y la jubilación de sus afiliados.
En ese escenario, el Partido Popular decidió hacer visible un apoyo institucional limitado pero significativo.
La presencia del partido se concretó oficialmente en la figura del diputado Pedro Muñoz Abrines, aunque fuentes admitieron que otros cargos pudieron acudir a título personal.
Las organizaciones convocantes —entre ellas Jupol, Jusapol y Jucil— han insistido en que el daño económico acumulado desde acuerdos previos es notable: desde 2018, explican, la diferencia salarial frente a un agente de los Mossos d’Esquadra supera los 96.000 euros y, proyectada a una jubilación media, puede alcanzar hasta 253.000 euros. Estas cifras han sido empleadas como argumento central para justificar la movilización.
Contexto y polémica previa
La cita en la Puerta del Sol no se desarrolló en abstracto: llegó tras días de debate público por unas declaraciones de la dirigente del PP Ester Muñoz sobre el militar español retenido en Líbano por fuerzas externas durante aproximadamente una hora. Ese episodio generó confrontación política y abrió un debate más amplio sobre el trato institucional a las tropas en el exterior. Desde el Partido Popular, las intervenciones públicas de sus representantes en la protesta buscaron desvincular la participación en la movilización de la controversia mediática, subrayando que el apoyo a las reivindicaciones de los cuerpos es una postura sostenida en el Congreso.
Reivindicaciones principales
Equiparación salarial
La demanda de equiparación salarial se apoya en acuerdos previos firmados y en la comparación con modelos autonómicos que, según los convocantes, ofrecen mejores condiciones. Los sindicatos recuerdan el pacto de 2018 y denuncian que ciertas medidas no se han implementado completamente por parte del Ejecutivo, lo que deja a muchos agentes con diferencias acumuladas en su retribución. Para las organizaciones, lograr esa equiparación no solo es una cuestión de justicia económica sino también de retención de talento y de coherencia institucional entre cuerpos que desempeñan funciones análogas en distintas administraciones.
Profesión de riesgo y condiciones de jubilación
Otra demanda central es el reconocimiento de la actividad como profesión de riesgo, reclamo que conlleva, según los representantes, la posibilidad de acceso a una jubilación anticipada y condiciones más favorables. En este punto las discrepancias son notables: mientras el Ministerio de Defensa ha avanzado trámites para que algunos efectivos militares obtengan ese reconocimiento, la Guardia Civil permanece, según las asociaciones, en un «limbo» sin amparo uniforme. Además, la cancelación de una reunión prevista con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, fue percibida como un «plantón» que tensó aún más la relación entre administraciones y colectivos.
La intervención del Partido Popular
Desde el PP, el discurso en la calle se centró en apoyar las reivindicaciones sin convertir la protesta en una estampa de confrontación partidista. Pedro Muñoz Abrines aseguró que su asistencia fue «oficial» desde la bancada popular y negó que la polémica por las palabras de Ester Muñoz generara rechazo entre los asistentes; según el diputado, los participantes comprendieron el contexto y recibieron el respaldo con normalidad. En sus declaraciones públicas, el representante insistió en que el grupo parlamentario ha impulsado iniciativas en el Congreso en favor de mejoras laborales para estos cuerpos, aunque acusó al Gobierno de no aplicar lo aprobado.
Mensajes y estrategia
La presencia del PP buscó, además, reforzar una posición política que capitalice el malestar de los agentes y que, al mismo tiempo, se distancie de la controversia personal. En el plano práctico, los populares reivindicaron medidas concretas: materializar la equiparación salarial, reconocer la profesión de riesgo y asegurar procedimientos que uniformicen derechos entre diferentes regímenes (Clases Pasivas y Seguridad Social). Así, el acto se convirtió en un escaparate para reivindicar compromisos pendientes y para subrayar la sintonía con las demandas de varios colectivos profesionales vinculados a la seguridad estatal.
Balance político y futuro
La movilización dejó en evidencia dos dinámicas contrapuestas: por un lado, la sensación de agravio que trasladan las asociaciones de los cuerpos de seguridad respecto a otras instituciones y, por otro, la disputa parlamentaria entre Gobierno y oposición sobre quién ofrece soluciones reales. Mientras las fuerzas convocantes preparan nuevas acciones si no perciben avances, la agenda política seguirá marcada por la tensión entre aplicar sentencias y desarrollar normas pendientes. En ese cruce, la intervención del Partido Popular pretende reforzar su narrativa de respaldo sin transformar la protesta en un acto de pura instrumentalización política.
