La sesión en el Senado reaviva investigaciones sobre la SEPI y se interpreta como una maniobra del PP para desgastar al PSOE en la precampaña andaluza
En pleno pulso político en torno a las elecciones andaluzas, el Partido Popular ha llevado al Senado a la candidata socialista María Jesús Montero para que explique asuntos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del ministerio que Montero dirigió durante casi ocho años.
La citación, prevista para el 20 de abril, llega entre denuncias cruzadas de uso electoral de las instituciones y la persistente sombra de casos anteriores como los ERE en Andalucía.
Contexto y motivaciones políticas
Desde la dirección del PP subrayan que la comparecencia forma parte del trabajo parlamentario, pero en Génova reconocen que la situación coincide con la precampaña regional y que la intención es situar a Montero en el centro del debate público.
La formación la presenta como un vínculo directo con el llamado «sanchismo» y busca que esa narrativa —que asocia a la candidata con episodios de mala gestión y presunta corrupción— afecte al resultado del PSOE en las urnas. En paralelo, el PSOE de Andalucía impugnó la convocatoria ante la Junta Electoral Central, que archivó el recurso al entender que no le competía suspender la comparecencia.
La investigación sobre la SEPI y los imputados
Las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional avanzan bajo secreto de sumario, por lo que solo han trascendido fragmentos. Según las pesquisas, se indaga en presuntas irregularidades en adjudicaciones y préstamos por importe aproximado de 132 millones de euros, con comisiones que la Fiscalía Anticorrupción cifra en torno a 750.000 euros. Entre los investigados aparecen nombres vinculados a la gestión de la SEPI, como el expresidente Vicente Fernández, la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.
Procedimientos, órdenes y secretos
El caso acumula varias piezas: una instruida por el Juzgado Central de Instrucción número 5, dirigida por el juez Santiago Pedraz, y otra que involucró arrestos ordenados en diciembre pasado al amparo del Juzgado Central de Instrucción número 6. Parte del procedimiento permanece bajo secretismo, argumento que invocaron varios comparecientes para limitar sus respuestas en la Cámara Alta. Además, hay antecedentes judiciales relacionados con algunas adjudicaciones y concursos que obligan a separar causas y a respetar la presunción de inocencia.
Intervenciones en el Senado y los puntos de fricción
En la comisión, senadores del PP han acusado a antiguos responsables de convertir a la SEPI en una red para favorecer empresas que más tarde atravesaron dificultades, citando rescates controvertidos como los de Air Europa y Plus Ultra, así como la puesta en duda de la gestión de compañías participadas. Las críticas han llegado con nombres concretos y referencias a compras inmobiliarias, que para algunos medios sumarían más de 10 millones de euros en bienes atribuibles a ciertos imputados.
El silencio de los investigados
Varios comparecientes, entre ellos el ex presidente de la SEPI, optaron por acogerse al derecho al silencio en la comisión para no vulnerar las limitaciones impuestas por el procedimiento judicial. El senador del PP Gerardo Camps subrayó que el silencio no puede devenir en una negativa absoluta, mientras parlamentarios de otros grupos defendieron la labor del organismo público y recordaron su papel en la sostenibilidad de empresas y empleo durante la pandemia.
Impacto electoral y lectura estratégica
En el PP se lee la maniobra como una pieza más de la campaña para asegurar la victoria de Juanma Moreno en Andalucía y, especialmente, para evitar que su mayoría sea insuficiente. El partido recuerda que presentó el plan de trabajo de la comisión el 27 de febrero de 2026 y que Montero en su momento indicó que comparecería. La dirección popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente, advierte que la cita no debe entenderse de forma aislada y que el objetivo es condicionar la narrativa antes del 17 de mayo de 2026, fecha clave para decidir si el PP revalida el gobierno con o sin apoyos externos.
Riesgos y réditos
Si Montero no acude, según algunos en Génova, quedaría la sospecha de que evita afrontar preguntas comprometidas; si acude y guarda silencio por la vía judicial, también se interpreta como perjudicial para su imagen. El PSOE, por su parte, denuncia una utilización partidista del foro y busca blindar a su candidata frente a lo que denomina un intento de desgaste sistemático, con la vista puesta en la estrategia nacional que podría anticipar futuras elecciones generales.
Conclusión
La citación pone en evidencia la intersección entre control parlamentario, procesos judiciales en secreto y pugnas electorales. En ese cruce, la figura de María Jesús Montero se convierte en un eje de confrontación: para el PP, un símbolo de los problemas que atribuye al Gobierno central; para el PSOE, una víctima de una campaña que mezcla investigación y calendario electoral. Mientras tanto, la instrucción judicial continúa y los plazos procesales marcan hasta dónde pueden llegar las comparecencias públicas.
