El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a Begoña Gómez a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Las medidas cautelares y las declaraciones del magistrado han generado una fuerte polémica.
Begoña Gómezesposa del presidente del Gobierno, es enviada a juicio oral con medidas cautelares impuestas el 20 de junio de 2026 en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ordena la retirada de pasaportes, la prohibición de salir de España y la comparecencia quincenal para Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
La resolución, dictada tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada sobre posibles prevaricación y fraude a intereses de la UE vinculados a contratos de Red.es y fondos Feder. El caso involucra también al empresario Juan Carlos Barrabés y reabre un choque político y sindical de primer nivel.
Última actualización: 21 de junio de 2026.
Apertura de juicio oral y cautelares en Madrid
El magistrado acordó la apertura a plenario contra Gómez por malversaciónapropiación indebidatráfico de influencias y corrupción en los negocios. En el mismo auto impuso la retirada de todos los pasaportes, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer dos veces al mes en sede judicial, medidas extendidas a Álvarez por riesgo de fuga.
Peinado argumentó la existencia de “indicios racionales de criminalidad” y justificó las cautelares por la gravedad de las penas eventualmente aplicables y la supuesta capacidad logística para una evasión. En un pasaje polémico, sugirió que los escoltas de Gómez podrían “por iniciativa propia o siguiendo órdenes” colaborar en una fuga, y añadió que la condición de presidente es transitoriaextremo que elevó las críticas institucionales.
Reacciones políticas y quejas formales
El Gobierno y el PSOE calificaron las medidas de “desproporcionadas” y denunciaron una instrucción de sesgo político. El ministro de Transportes, Óscar Puentereprochó que el auto plantee que “¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse!”, una afirmación que encendió el debate en redes y en el arco parlamentario.
El PP endureció su discurso. La vicesecretaria de Organización, Alma Ezcurraacusó a Pedro Sánchez de convertir la Moncloa “en el epicentro de la corrupción” y de emplear recursos públicos en beneficio de su entorno. En paralelo, el PSOE impulsó la campaña “Yo con Begoña” para arropar a la investigada, reforzando el pulso político en la antesala del final de curso.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) registró una queja ante el CGPJ por las alusiones a una hipotética colaboración de escoltas, reclamando depurar responsabilidades disciplinarias si procediera. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaskaelevó asimismo una queja al órgano de gobierno de los jueces por considerar que se cuestionó sin base la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La acusación popular, impulsada por la asociación Hazte Oír y apoyada por grupos como Vox, promovió la imposición de cautelares y solicitó penas de hasta 24 años de prisión para Gómez, 22 para Álvarez y seis para Barrabés. La defensa de Gómez anunció recurso contra las medidas, con la Audiencia Provincial de Madrid como posible instancia revisora tanto del procesamiento como de los autos cautelares.
Nueva pieza sobre Red.es y fondos europeos
Además de la causa principal, el juez abrió una pieza separada para indagar presuntos delitos de prevaricación y fraude contra los intereses de la Unión Europea en un contrato de Red.es financiado con fondos Feder y adjudicado a una UTE formada por Innova Next (propiedad de Barrabés) y KPMG. En esta línea quedaron formalmente investigados Gómez, Barrabés y Álvarez.
El juzgado solicitó a la Fiscalía de Madrid un informe sobre el alcance de la investigación y los extremos a clarificar del expediente de contratación. La defensa de Gómez sostuvo que ella no tuvo relación con ese contrato y subrayó que no consta carta de recomendación o aval firmada por su parte, remarcando que la Fiscalía Europea ya examinó en su día el uso de estos fondos sin nuevos indicios explícitos en el auto.
Las diligencias de la pieza europea se integrarán con el resto de actuaciones para su valoración conjunta durante el juicio oral. Peinado indicó que la apertura responde a la necesidad de delimitar si hubo fraude en el uso de recursos comunitarios y si la adjudicación a la UTE Innova Next–KPMG se ajustó a la legalidad, sin adelantar conclusiones sobre responsabilidades penales.
Implicados, delitos atribuidos y próximos trámites
Junto a Gómez y Álvarez, Juan Carlos Barrabés afronta cargos por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez ha sostenido en resoluciones previas que la conducta investigada carecería de precedentes “desde el reinado de Fernando VII”, con comparaciones a “regímenes absolutistas”, expresiones cuyo lenguaje fue criticado por su tono.
La defensa insistió en que no hay sustento para las cautelares y que la instrucción, abierta desde hace más de dos años, no acreditó beneficios personales ni desvío de recursos públicos por parte de Gómez. El juzgado fijó comparecencias quincenales y seguirá tramitando escritos de acusación y defensa, mientras recaba el criterio del Ministerio Fiscal sobre la pieza de Red.es y practica diligencias complementarias.
El procedimiento continúa con el señalamiento de las comparecencias periódicas impuestas por el órgano instructor. A la espera de eventuales resoluciones de la Audiencia Provincial, las partes quedaron emplazadas a presentar alegaciones sobre las medidas cautelares y sobre el perímetro de la pieza europea, en un contexto de alta tensión política, sindical y judicial.
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