Expertos advierten sobre el colapso inminente de los juzgados de violencia machista
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La ley de eficiencia judicial y su implementación
La reciente entrada en vigor de la ley de eficiencia judicial ha generado una ola de preocupación entre los jueces especializados en violencia machista. Más de un centenar de magistrados han alertado que esta normativa podría llevar al «colapso total» de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Esta ley, que incluye reformas de la conocida «ley del sí es sí», implica que los juzgados asumirán todos los delitos sexuales, no solo aquellos relacionados con la pareja, lo que representa un aumento significativo en su carga de trabajo.
Aumento de la carga de trabajo en los juzgados
Según el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, se espera un incremento del 20% en la carga de trabajo de los juzgados de violencia de género. Esta situación se agrava por la falta de recursos y personal especializado, lo que pone en riesgo la atención adecuada a las víctimas. Los jueces han señalado que la reconversión de las secciones de instrucción en secciones de violencia sobre la mujer no se completará hasta finales de diciembre de 2025, lo que podría generar un colapso en el sistema judicial antes de que se implementen las reformas necesarias.
Precariedad de recursos y aumento de delitos
Los magistrados también han criticado la «absoluta precariedad de medios» en la que operan los juzgados. La falta de equipos de valoración forense, asesoramiento adecuado a las víctimas y un funcionamiento deficiente de los dispositivos telemáticos son solo algunas de las carencias que enfrentan. Además, en los últimos veinte años, ha habido un aumento «progresivo y exponencial» de los delitos relacionados con la violencia sexual, sin que se haya ampliado el número de juzgados para hacer frente a esta creciente problemática.
Riesgos para las víctimas de violencia de género
Los jueces advierten que esta situación podría resultar en un «significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género». La falta de recursos y la sobrecarga de trabajo no solo afectan la capacidad de los juzgados para atender cada caso, sino que también ponen en riesgo la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas. La «imposibilidad material» de atender adecuadamente cada asunto civil y penal podría llevar a una mayor desprotección de las víctimas, lo que es inaceptable en un estado de derecho.
