La medida cautelar se toma mientras se investiga la adjudicación de contratos a Imedes.
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La suspensión de derechos en Vox
El Comité de Garantías de Vox ha tomado una decisión significativa al suspender los derechos como afiliado de Juan Manuel Badenas, quien ocupa el cargo de segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València.
Esta medida cautelar se ha implementado en el contexto de una investigación disciplinaria que busca esclarecer la adjudicación de contratos a la empresa Imedes. La inhabilitación de Badenas se extiende a cualquier cargo o función dentro del partido hasta que se resuelva el expediente abierto en su contra.
Investigación sobre contratos a Imedes
La apertura de esta investigación fue ordenada por el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, tras recibir información sobre la supuesta irregularidad en la adjudicación de un contrato a Imedes, una firma vinculada a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La alcaldesa de València, María José Catalá, también ha manifestado su preocupación, indicando que la asesoría jurídica del Ayuntamiento revisará el expediente relacionado con este contrato, lo que añade una capa de complejidad a la situación política actual.
Denuncias de la oposición
La situación se complica aún más con las denuncias anunciadas por los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, quienes han decidido llevar el caso a la Fiscalía. Acusan a Badenas de «supuesto tráfico de influencias y espionaje político». Esta acusación surge a raíz de la divulgación de audios en los que Badenas supuestamente admite malversar dinero público y utilizar recursos de la Fundación València Activa para fines políticos, lo que ha generado un gran revuelo en el ámbito político local.
La inhabilitación de Juan Manuel Badenas no solo afecta a su carrera política, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la ética en la gestión pública. La situación ha suscitado un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la necesidad de mecanismos de control más estrictos para evitar abusos de poder. La comunidad política y social de València observa atentamente el desarrollo de este caso, que podría tener repercusiones significativas en la confianza ciudadana hacia las instituciones.
