Los magistrados de instrucción de Madrid defienden la independencia judicial y respaldan al juez Juan Carlos Peinado ante las descalificaciones públicas lanzadas desde el Gobierno
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha emitido un comunicado público para respaldar al magistrado Juan Carlos Peinado ante lo que califican de ataques profesionales y personales desde algunos miembros del Ejecutivo. En el escrito, los instructores critican las descalificaciones realizadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y por quienes ocupan responsabilidades en el Gobierno, y subrayan la importancia de la independencia judicial y la separación de poderes.
El comunicado, al que ha tenido acceso El Independiente, recuerda que la labor jurisdiccional debe preservarse del descrédito público y que ningún cargo del Ejecutivo puede erosionar la confianza ciudadana en los jueces. Los magistrados reclaman respeto por las decisiones procesales adoptadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al tiempo que defienden la aplicación uniforme de la ley: «la ley es igual para todos, sin privilegios», señalan.
El contenido del procesamiento y sus protagonistas
El juez Peinado ha dado curso a la causa y ha acordado el procesamiento de Begoña Gómez, junto a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el auto se atribuyen, de forma provisional, delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, while descartando el delito de intrusismo profesional por considerarlo de indicio débil. Las partes ahora cuentan con un plazo para formular sus alegaciones antes de decidir la apertura de juicio oral.
Qué significa la fase en la que se encuentra la causa
La resolución de cierre de instrucción sitúa el procedimiento en la antesala del juicio, un momento en el que el magistrado solicita a las partes que expongan sus conclusiones provisionales. La instrucción es la fase procesal destinada a reunir pruebas y delimitar los hechos y autores, y aunque determine el procesamiento, corresponde a instancias superiores valorar posibles nulidades o revisar determinadas decisiones.
Reacciones institucionales y judiciales
La contestación desde el Gobierno incluyó expresiones públicas del ministro Bolaños que, según los instructores, han sobrepasado el marco del debate político y han tenido un efecto deslegitimador. Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el ministro por presuntas calumnias y acusación falsa, en relación con sus críticas al procesamiento. Esa acción judicial añade otra arista a la controversia institucional que rodea el caso.
Antecedentes de controversias procesales
La investigación ha acumulado episodios que suscitaron revisiones por parte de tribunales superiores: algunas imputaciones iniciales fueron desestimadas, y determinadas diligencias ampliadas por el instructor han sido objeto de recursos. Además, hubo intentos de incorporar elementos vinculados a ayudas públicas o contrataciones privadas que no prosperaron ante la Sala correspondiente, y alguna actuación del juez recibió reproches por su forma y fondo, lo que motivó anulaciones parciales.
Implicaciones para la separación de poderes y el debate público
Este conflicto sitúa en primer plano la tensión entre el poder ejecutivo y el judicial. Los instructores reclaman salvaguardar la separación de poderes frente a comentarios que, en su criterio, socavan la confianza ciudadana. En paralelo, las defensas de los investigados sostienen que existen motivos procesales para recurrir algunas decisiones y que el procedimiento aún puede sufrir modificaciones en instancias superiores.
En definitiva, el caso mantiene abiertas varias vías: la tramitación del procesamiento, las posibles impugnaciones judiciales y el debate público sobre la conducta de los responsables políticos que se pronuncian sobre decisiones judiciales. Mientras tanto, los jueces de la sección instructora han puesto el acento en que corresponde al sistema judicial, y no al debate político, determinar el curso de las causas conforme a la ley y a las garantías procesales.
