La tramitación parlamentaria sigue paralizada y asociaciones, sindicatos y familias piden respuestas tras las muertes en Huelva
En los últimos días la discusión sobre la consideración de profesión de riesgo para la Guardia Civil y la Policía Nacional ha vuelto a ocupar el foco público. Tras la muerte de dos agentes en Huelva durante una persecución a una narcolancha, cuyos nombres son Jerónimo Jiménez Molero y Germán Pérez González, la proposición promovida por el Partido Popular ha visto renovada la presión social y mediática, pero no así su avance parlamentario.
En paralelo, otras fuerzas como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra ya cuentan con ese reconocimiento, lo que alimenta el debate sobre la equidad entre cuerpos.
La propuesta, aprobada en el Senado en junio de 2026, plantea incluir también a los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en la categoría de profesión de riesgo.
Ese estatus, en términos prácticos, supone la posibilidad de aplicar coeficientes reductores para acceder a la jubilación anticipada sin penalizaciones económicas y mejoras en indemnizaciones por accidente o fallecimiento en acto de servicio. El conflicto central no es solo jurídico: es también una disputa sobre reconocimiento social, protección laboral y compensaciones.
El bloqueo en la Mesa del Congreso
La tramitación en la Cámara Baja se halla paralizada porque la Mesa del Congreso, con mayoría del PSOE y Sumar, ha acordado prorrogar de manera sucesiva el plazo para presentar enmiendas. Según las fuentes, esta semana se contabilizó la 71.ª ampliación. El mecanismo utilizado —rondas telemáticas y aplazamientos automáticos— impide que la iniciativa salga de la fase de enmiendas y llegue a la Comisión de Trabajo para su debate y votación en el Pleno. Para muchos críticos, esa táctica equivale a aparcar la proposición sin necesidad de un rechazo explícito.
Cómo funciona la prórroga y su efecto práctico
El proceso se basa en la ampliación sistemática del plazo de enmiendas: cada vez que la Mesa del Congreso decide aplazar, la proposición queda retenida en papel. La iniciativa quedó pendiente de enmiendas el 3 de septiembre de 2026 y desde entonces las prórrogas encadenadas han evitado su avance. Para los promotores del texto, este bloqueo socava la voluntad expresa del Senado y niega una resolución parlamentaria sobre una reivindicación que, sostienen, afecta a la seguridad y la dignidad del servicio público.
Reivindicaciones de los cuerpos y consecuencias
Asociaciones y sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han multiplicado las protestas para reclamar el reconocimiento. El pasado 18 de abril se celebró una manifestación en Madrid en la que agentes exigieron la aprobación inmediata del real decreto que regule el reconocimiento del ejercicio policial como profesión de riesgo. El argumento central es que la condición actual iguala las pensiones de policía y guardia civil con las de un administrativo del Estado, pese a que el trabajo y los riesgos no son comparables. Además, denuncian una media diaria de agresiones, cifra que sitúa en torno a 30 agentes agredidos cada día.
Impacto en jubilaciones y compensaciones
En términos concretos, el reconocimiento abriría la posibilidad de jubilación anticipada como pronto a partir de los 60 años, o a los 59 si concurren más de 35 años de servicio efectivo, según la redacción que circula en el debate público. Además de adelantar la edad de retiro, implicaría mejoras en indemnizaciones por accidente y en prestaciones para familias en caso de fallecimiento en acto de servicio. Para quienes apoyan la iniciativa, se trata de corregir una desigualdad laboral; para sus detractores, supone un cambio de coste y criterios en el sistema de Seguridad Social.
Reacciones, contexto político y próximos pasos
El bloqueo coincide con un clima de tensión política: críticas públicas por ausencias institucionales en los funerales de los agentes, declaraciones controvertidas de cargos públicos y abucheos al ministro del Interior en actos vinculados con la Guardia Civil. Además, el propio Ministerio ha destacado las operaciones recientes contra el narcotráfico, incluyendo incautaciones de gran magnitud —se han citado operaciones con 30 toneladas de cocaína y otras con 11 toneladas de cocaína y 8,5 toneladas de hachís— como respuesta a la presión sobre las rutas marítimas.
Mientras la Mesa del Congreso vuelve a revisar la situación —con fecha de seguimiento señalada para el 20 de mayo—, sindicatos y la Secretaría de Estado de Seguridad mantienen conversaciones y acordaron la creación de una mesa técnica tras un preacuerdo anunciado el 29 de abril. La tensión entre la urgencia de las familias y agentes por conseguir reconocimiento y la estrategia parlamentaria de aplazamientos marca el pulso de un asunto que combina técnica legislativa, sensibilidad social y coste político.
