Resumen breve de la norma y sus efectos en trámites, familias y profesionales
El 22 de mayo de 2026 la U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) emitió una directiva que cambia la forma en que muchas personas dentro de Estados Unidos deberán solicitar la residencia permanente. Según el nuevo criterio, quienes se encuentran en el país con visa temporal y desean convertirse en titulares de green card deberán, en la mayoría de los casos, regresar a su país de origen y completar el trámite ante un consulado estadounidense, salvo «circunstancias extraordinarias» que evalúen los oficiales.
La agencia argumenta que la medida recupera el «propósito original» de la ley y pretende reasignar recursos administrativos. Sin embargo, la decisión ha generado alarma entre abogados, organizaciones humanitarias y migrantes, que señalan riesgos de separación familiar, retrasos prolongados y la imposibilidad práctica de solicitar visas en países donde las misiones diplomáticas están cerradas o paralizadas.
Qué cambia en la práctica
Antes de esta directiva, durante décadas cientos de miles de personas que estaban legalmente en EE. UU. pudieron «ajustar su estatus» desde dentro del país, completando todo el proceso sin salir. Con la nueva norma, ese mecanismo queda limitado y se prioriza el procesamiento consular. Los oficiales del Departamento de Estado y del USCIS tendrán la facultad de evaluar cada caso y decidir si la persona califica para permanecer en EE. UU. mientras se procesa su solicitud o si debe iniciar el trámite desde el extranjero.
Impactos y preocupaciones
Abogados y grupos de ayuda enfatizan que la medida puede producir separaciones familiares forzadas y crear situaciones de tipo «Catch-22» cuando los consulados no procesan visas por restricciones o cierres. Un ejemplo recurrente es Afganistán: la embajada estadounidense cerró tras la retirada de EE. UU. en agosto de 2026, lo que hace imposible para muchos iniciar trámites consulares ahí. Además, en algunos consulados los tiempos de espera para una cita exceden un año, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo de no poder regresar.
Excepciones y criterios de discreción
USCIS indicó que quienes aporten un beneficio económico o cumplan un criterio de interés nacional podrían recibir trato distinto y permanecer en el país durante el proceso. La nueva orientación recalca que el ajuste de estatus es un alivio extraordinario y discrecional; por ello, los oficiales deberán considerar factores como vínculos familiares, historial migratorio, cumplimiento de condiciones de la visa, comportamientos posteriores a la admisión y cualquier indicio de fraude o tergiversación.
Reacciones y contexto político
Expertos recuerdan que aproximadamente 600.000 personas que se encuentran en Estados Unidos solicitan cada año alguna forma de green card, según estimaciones de exfuncionarios. Doug Rand, que fue asesor sénior en USCIS en la administración anterior, advirtió que el motivo detrás de la norma es reducir el número de residentes permanentes y limitar el camino hacia la ciudadanía. Por su parte, organizaciones como World Relief alertaron que imponer la salida de solicitantes a países con pausas en procesamiento generará separaciones indefinidas.
Cuestiones prácticas para solicitantes
Los abogados migratorios están revisando el memorándum para determinar su alcance exacto, incluida la aplicación retroactiva a solicitudes ya iniciadas y las condiciones de permanencia en terceros países durante el trámite. Muchas personas atendidas por organizaciones sin fines de lucro expresaron confusión y temor: algunos no pueden regresar a su país por razones de seguridad, otros carecen de acceso a un consulado. Ante la falta de claridad, los defensores esperan guías adicionales sobre plazos, apelaciones y la definición precisa de «circunstancias extraordinarias».
En suma, la directiva del 22 de mayo de 2026 marca un cambio administrativo que reorienta los procedimientos de inmigración y plantea desafíos operativos y humanos. Mientras USCIS afirma que busca aplicar la ley como corresponde y optimizar recursos, la comunidad legal y las organizaciones humanitarias piden detalles y salvaguardas para evitar daños irreparables a familias, profesionales y personas con protección humanitaria.
