La investigación policial describe un liderazgo no visible, archivos con contactos y registros materiales que conectan a Zapatero con pagos y sociedades utilizadas en la trama
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero la supervisión estratégica de una presunta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según los informes que constan en el sumario, ese papel se habría ejercido mediante un liderazgo no visible, con tareas operativas delegadas en su entorno cercano y en sociedades interpuestas.
Los agentes describen una estructura jerarquizada en la que el ejecutor de las operaciones sería el imputado Julio Martínez Martínez, mientras que otros colaboradores —entre ellos Manuel Aarón Fajardo— actuarían como interlocutores. En paralelo, figuran personas del entorno inmediato del expresidente, como su secretaria Gertrudis Alcázar y el gestor societario Cristóbal Cano, que habrían conocido la operativa diaria de la red.
Estructura y funciones atribuidas por la UDEF
Los investigadores distinguen al menos tres niveles funcionales: un mando estratégico, un equipo de interlocución y el personal que desarrollaba las acciones cotidianas. En el primer nivel, Zapatero aparece como quien validaba clientes y marcaba criterios; en el segundo, Martínez Martínez y Fajardo habrían sido las cabezas visibles ante los clientes; y en el tercero, la secretaría y el gestor se ocupaban de trámites y logística. Esta distribución pretende explicar cómo se habría mantenido la distancia pública entre el expresidente y las operaciones concretas.
Niveles y pruebas documentales
La UDEF señala como indicios dos archivos enviados desde el entorno del expresidente —»LISTA AR OK.xlsx» y «DIRECCIONES EMAIL JM xlsx«— que contienen un listado de personas y correos electrónicos. Entre los contactos aparecen nombres vinculados a Plus Ultra y a otras empresas: Julio Martínez Sola, Antonio Fernández, Francisco Flores y la sociedad Softgestor, así como entidades y directivos como Banco Santander, representantes de Huawei España y sociedades vinculadas a Inteligencia Prospectiva. Para los investigadores, estos ficheros no son simples listados sino herramientas logísticas que permiten planificar la difusión de informes y establecer criterios de actuación.
Canales, sociedades y comisiones señaladas
Los informes policiales describen la creación de sociedades fuera de España para canalizar presuntas contraprestaciones. En concreto, se documenta la constitución de una sociedad en Dubái y la existencia de otra empresa off shore, Landside Holding LTD, radicada en las Islas Vírgenes Británicas y vinculada a negociaciones con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes). En el caso del rescate de Plus Ultra, la red habría acordado cobrar una comisión del 1% sobre un préstamo de 53 millones de euros aprobado por el Gobierno, lo que equivaldría a 530.000 euros.
Intermediarios y servicios financieros
Además de Análisis Relevante —la consultora asociada a Martínez Martínez— los investigadores apuntan a la participación de la empresa de marketing Whathefav (administrada por las hijas del expresidente) en la maquetación y remisión de informes, así como a un broker estadounidense que opera a través de Mora Wm Securities LLC para la gestión de carteras de Landside Holding LTD. Los agentes también identifican honorarios del 8,75% en contratos relacionados con las negociaciones que representaría Martínez Martínez, según correos y contratos hallados.
Registros, pruebas materiales y diligencias judiciales
En los registros —operación bautizada por la Policía como Operación Tíbet— se incautaron equipos informáticos, teléfonos móviles, agendas y libretas, además de una caja fuerte encontrada en el despacho del expresidente. Las fuerzas intervinientes registraron efectivo que fuentes califican como cantidades «no significativas» para la investigación. En las sedes de empresas vinculadas, como Softgestor y Whathefav, se incautaron dispositivos y se solicitaron informaciones a Inteligencia Prospectiva, cuya sede estaba en obras.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó medidas cautelares: se inmovilizaron 490.780 euros obtenidos de pagos de Análisis Relevante que habían ingresado en una Cuenta compartida por Zapatero y su esposa, parte de un total de 1,5 millones de euros registrados entre 2026 y 2026. La investigación continúa y se ha abierto además una pieza separada bajo secreto destinada a rastrear otros pagos y actores implicados.
Trazabilidad de comunicaciones y estrategia de ocultación
Los investigadores señalan conductas orientadas a evitar la vinculación directa entre Zapatero y sus socios: ausencia de constancia de presencia en registros públicos, eliminación sistemática de mensajes por parte de Martínez Martínez y fórmulas de tratamiento en comunicaciones (mensajes dirigidos que llaman a sus interlocutores «Presidente»). Estos elementos, según la UDEF, constituyen indicios que ensamblan la hipótesis de una red organizada en torno al ejercicio de influencia.
En el proceso también se han personado como acusaciones populares el Partido Popular, Vox y Hazteoir.org, mientras que otras partes están pendientes de fianzas y subsanaciones. El magistrado ha pedido alegaciones sobre la posible agrupación de las acusaciones y la causa sigue abierta, con diligencias en curso para determinar el alcance real de los movimientos financieros y la participación de terceros.
