Manuel Marchena ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y advirtió que la actualización tecnológica del proceso penal exige límites claros para proteger la intimidad
La incorporación de datos electrónicos a la actividad judicial plantea un dilema que fue expuesto con nitidez por Manuel Marchena en su ingreso como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. En su intervención defendió sin ambages la necesidad de modernizar métodos de investigación, pero insistió en que esa renovación no puede convertirse en excusa para prácticas donde «todo vale», especialmente cuando intervienen herramientas de vanguardia como la inteligencia artificial.
Marchena combinó diagnóstico técnico con una llamada a la prudencia institucional, situando la protección de la intimidad como columna vertebral del debate.
El nuevo académico, que ocupará la medalla número 18, recordó que la plaza quedó vacante tras el fallecimiento de José Luis Pérez de Ayala en abril de 2026 y que fue elegido como académico electo el 7 de abril de 2026.
Su alocución, titulada La incorporación de datos electrónicos al proceso penal: drones, GPS, IP, IMSI, IMEI, repasó cómo dispositivos y registros digitales han ido obligando a replantear la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un texto con raíces decimonónicas frente a delitos y técnicas propias del siglo XXI.
Actualidad y advertencias del discurso
Marchena puso de manifiesto que la sociedad interconectada demanda respuestas jurídicas novedosas que sean eficaces ante nuevas formas de delincuencia, pero rechazó la premisa de que la solución pase necesariamente por ampliar los poderes de investigación sin salvaguardias. Señaló que la disponibilidad de big data, sensores y algoritmos puede mejorar la persecución penal, pero también entraña una intensa injerencia estatal capaz de sacrificar el espacio de privacidad que cada ciudadano dibuja frente a los poderes públicos y a terceros. Para el magistrado, modernizar no equivale a normalizar la intrusión.
Tecnologías en el banquillo
Drones y geolocalización
En su exposición, Marchena describió cómo el uso de drones y sistemas de posicionamiento puede aportar pruebas cruciales, pero también crear escenarios de vulneración del domicilio y de la esfera privada. Criticó la tentación de aplicar técnicas de forma simplificada y recordó fallos judiciales que han marcado límites: las grabaciones aéreas o fotografías obtenidas por drones exigen valoración rigurosa para no convertir una herramienta útil en instrumento de arbitrariedad. Marchena propuso que el empleo de estas técnicas se ajuste a principios de necesidad, proporcionalidad y sujeción a cauces procesales adecuados.
Identificadores, redes y metadatos
La ponencia también abordó números técnicos como GPS, direcciones IP, IMSI e IMEI, componentes que alimentan investigaciones complejas. Marchena los trató no solo como piezas de prueba, sino como vectores que pueden revelar hábitos y relaciones personales. Defendió que su tratamiento exija garantías legales concretas y técnicas que preserven la seguridad jurídica; en su intervención recalcó que la mera posibilidad tecnológica no sustituye la necesidad de una cobertura normativa sólida y clara.
El acto académico y la carrera del ingresado
El acto se celebró en el Salón de Plenos de la academia presidida por Luis María Cazorla Prieto, y contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, así como de numerosos magistrados y autoridades judiciales. El discurso de contestación fue pronunciado por Eduardo Torres-Dulce. Entre los asistentes figuraron compañeros de la Sala Penal del Tribunal Supremo como Eduardo Porres, Susana Polo, Pablo Llarena y Javier Hernández, además de Dimitry Berberoff, Pablo Lucas Murillo y magistrados del Tribunal Constitucional y otras instituciones.
La trayectoria de Manuel Marchena quedó reflejada en la sala: es licenciado y doctor en Derecho, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desde 2007 y ocupó la presidencia de esa Sala entre 2014 y 2026. Ha recibido distinciones como la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, la condición de caballero de la Legión de Honor concedida por Francia y una máxima condecoración de la OTAN, rasgos de una carrera en la que conviven práctica judicial, docencia y reconocimiento internacional.
Reflexión final
El mensaje central que dejó Marchena es sencillo y exigente: actualizar la investigación penal es imprescindible, pero esa modernización debe conjugar eficacia con límites claros que protejan derechos fundamentales. La prueba electrónica y la inteligencia artificial ofrecen posibilidades inéditas, pero su incorporación sólo será legítima si viene acompañada de normas precisas, control judicial efectivo y una reflexión ética que impida que el progreso tecnológico erosione la confianza ciudadana en la justicia.
