Bruselas ofrece un manual de actuación para los Estados miembros: coordinación del almacenamiento, uso de ingresos del ETS y ayudas temporales a sectores golpeados por el cierre del estrecho de Ormuz
El 22/04/2026 la Comisión Europea puso sobre la mesa un conjunto de propuestas para afrontar las consecuencias económicas del cierre del estrecho de Ormuz. Ante el riesgo de volatilidad en los mercados de gas y petróleo, Bruselas prioriza la coordinación del llenado de depósitos y ofrece su capacidad de intermediación para la liberación controlada de reservas energéticas.
En esos documentos, que han circulado tras varios borradores, desapareció la recomendación explícita de promover el teletrabajo que había aparecido en versiones preliminares, aunque la Comisión mantiene propuestas voluntarias para reducir el consumo en transporte y movilidad.
El objetivo principal declarado por los responsables comunitarios es evitar la repetición de los desajustes del verano de 2026, cuando compras descoordinadas elevaron artificialmente los precios.
Por eso la estrategia subraya la importancia de actuar de forma coordinada y gradual para el almacenamiento de gas, dejando en manos nacionales la decisión sobre el mix energético, pero insistiendo en que la ejecución del llenado sea conjunta para prevenir perturbaciones entre Estados miembros.
Medidas claves y límites marcados por Bruselas
Entre las medidas recomendadas figura un plan para acelerar la electrificación antes del verano y flexibilizar temporalmente las normas de ayudas de Estado para sectores como el transporte, la agricultura y la pesca, los más afectados por el aumento de costes energéticos. La Comisión propone además que los ingresos del mercado de derechos de emisión, el ETS, se orienten hacia proyectos de descarbonización industrial y electrificación, con el fin de convertir la urgencia en un impulso hacia fuentes renovables y menor dependencia de combustibles fósiles importados.
Bruselas insiste en que todas las intervenciones deben ser temporales y focalizadas en los colectivos más vulnerables, por miedo a efectos adversos a largo plazo si se adoptan medidas demasiado amplias. En este sentido, la Comisión ofrece su ayuda para coordinar la eventual liberación de reservas de emergencia —tanto de gas como de petróleo— y sugiere medidas de apoyo más duraderas, como incentivos para sustituir calderas de gas por alternativas eléctricas o rebajas fiscales en la electricidad, en lugar de subsidios directos al combustible.
El debate sobre un impuesto europeo y la experiencia de 2026
Una de las cuestiones más espinosas ha sido la solicitud de varios Estados —entre ellos España, Italia y Alemania— para crear un impuesto comunitario que grave las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas. La Comisión ha decidido, por ahora, no impulsar un mecanismo europeo y dejar esa opción a la iniciativa nacional. El argumento técnico y político es la necesidad de unanimidad en el Consejo y las dificultades prácticas para replicar un esquema de emergencia como la contribución temporal de solidaridad aplicada en 2026.
La decisión se basa también en la comparación de contexto: los niveles actuales de precios no alcanzan los picos de hace cuatro años y no existe, según la Comisión, un riesgo de escasez inmediata que justifique activar el mismo dispositivo de emergencia. Aun así, responsables como Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva y comisaria para la transición limpia, y Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, han avisado de un impacto que puede durar años y han apelado a la acción conjunta para proteger a consumidores y empresas.
Coste económico y prioridades
Desde el estallido del conflicto hasta la fecha, la factura por la importación de combustibles fósiles ha crecido de forma significativa: la Comisión calcula un sobrecoste de 24.000 millones de euros, lo que supone más de 500 millones de euros diarios que afectan a hogares y empresas. En este escenario, Bruselas presta especial atención a la presión sobre el combustible para la aviación, uno de los segmentos más tensionados, y recomienda evitar medidas que «quemen» recursos públicos en subvenciones a corto plazo al petróleo y al gas.
Recomendaciones prácticas y medidas voluntarias
Además de las directrices macro, el paquete incluye acciones voluntarias que pueden adoptar administraciones y ciudadanos para reducir el consumo, como la eco-conducción y otras prácticas de eficiencia en movilidad y climatización doméstica. La Comisión recalca que estas sugerencias son orientativas y que la elección final de las políticas energéticas corresponde a cada Estado miembro, si bien ofrece su apoyo técnico para coordinar compras y operaciones de mercado que eviten efectos contraproducentes.
En resumen, la estrategia comunitaria combina la coordinación de reservas energéticas, el uso del ETS para inversiones verdes, flexibilidad en ayudas estatales y la promoción de la electrificación como vía para reducir la exposición a combustibles importados. La propuesta busca equilibrar respuesta inmediata con reformas estructurales, manteniendo la cautela sobre medidas permanentes que puedan distorsionar el mercado o crear perjuicios a largo plazo.
