Repartidores protestan en numerosas ciudades y denuncian un 'ERE encubierto' tras la conversión a plantilla por la ley rider
Este viernes arranca la primera de las tres jornadas de paro convocadas contra el expediente anunciado por Glovo el pasado 11 de marzo. La protesta, promovida por Comisiones Obreras y respaldada por UGT, busca frenar la salida de 750 repartidores y forzar negociaciones que mejoren las condiciones laborales.
El calendario incluye un primer turno nocturno desde las 20.00 hasta la medianoche, una jornada completa el sábado y una última franja el domingo 26 de abril de 12.00 a 16.00 horas. Antes del inicio de los paros, trabajadores ya se concentraron el 15 de abril ante la sede central para visibilizar sus quejas sobre precariedad y sanciones.
Motivos y calendario de la huelga
Los sindicatos sostienen que el ERE es la culminación de un proceso de despidos disciplinarios que, en su opinión, ha funcionado como un ERE encubierto. Además de pedir la retirada inmediata de los 750 despidos que afectan a repartidores en unas 60 ciudades, reclaman el fin de lo que denominan persecución sindical y la apertura de un proceso para negociar un convenio colectivo propio. Las movilizaciones incluyen concentraciones localizadas: por ejemplo, CCOO convocó actos frente a cuatro locales de McDonald’s en municipios madrileños para visibilizar el conflicto y presionar en la negociación.
Demandas sindicales y respuesta empresarial
En su argumentario, CCOO denuncia la existencia de unas 20.000 personas contratadas por flotas de empresas pantalla y calcula que el volumen real de afiliados podría rondar los 30.000, una cifra que esperan que confirme la Seguridad Social. Los sindicatos exigen garantías de empleo tras la mediación fallida a principios de abril. Por su parte, Glovo ha defendido que los recortes son una medida para «evitar su cierre» en determinadas provincias y mantiene operativa su plataforma en 800 localidades españolas, según la compañía, que cifra en más de 14.000 los repartidores ya contratados tras la adaptación a la ley rider.
Contexto legal y transformaciones del sector
La conversión de repartidores a plantilla, motivada por la ley rider, disparó la complejidad operativa de la plataforma: mayores costes salariales, tiempos de entrega más largos y la retirada de servicios en zonas de baja demanda. Este cambio regulatorio, junto a sanciones previas, ha transformado el mapa del reparto a domicilio en España. En 2026, la Comisión Europea sancionó al grupo propietario, Delivery Hero, y a Glovo con 329 millones de euros por prácticas colusorias, un episodio que contribuye al debate sobre la sostenibilidad del modelo.
Reacciones del sector
Otros actores del mercado han reagido a la incertidumbre regulatoria: Uber Eats anunció el 15 de enero que dejaba de colaborar con trabajadores autónomos, y empresas como Just Eat han consolidado plantillas con convenio. Según la consultora Circana, la demanda del delivery descendió un 7 % anual en 2026 en España, frente a un crecimiento del 4 % en Europa, lo que añade presión sobre los márgenes y decisiones estratégicas de las plataformas.
Impacto local y próximas fechas
En territorios como Andalucía, CCOO estima que el ERE afectará a cerca de 220 trabajadores y cifra en torno a 100 los afectados en la provincia de Cádiz. Las acciones previstas durante el fin de semana, con turnos y concentraciones, buscan mantener la presión hasta forzar la reapertura del diálogo. Mientras tanto, la empresa ha permanecido prudente en sus declaraciones y los sindicatos han anunciado recursos judiciales, incluyendo denuncias ante la Audiencia Nacional por lo que califican de despidos sin garantías, en paralelo a sus demandas por la negociación de un convenio sectorial.
Perspectivas y puntos de fricción
El conflicto evidencia la tensión entre la adaptación a un marco legal más exigente y la necesidad de modelos operativos rentables. La disputa gira en torno a condiciones laborales, el uso de contratos frente al antiguo modelo de autónomos y la gestión de sanciones internas. Si la huelga consigue ampliar la conversación pública y presionar a la dirección, podría abrir la vía a acuerdos que redefinan el reparto en España; si no, el sector podría experimentar nuevas reestructuraciones. En cualquier escenario, las movilizaciones de estos días marcan un punto de inflexión en la relación entre plataformas y trabajadores.
