La Mesa del Congreso ha repetido 71 veces la misma decisión: prorrogar el plazo de enmiendas a una proposición del PP para reconocer la profesión de riesgo a la Guardia Civil, pese a advertencias previas del PSOE, iniciativas de Ciudadanos y un reproche del Tribunal Constitucional.
En el centro del pulso parlamentario actual se encuentra la decisión de la Mesa del Congreso de ampliar, en 71 ocasiones, el plazo de enmiendas a una proposición de ley del PP aprobada en el Senado en 2026, que busca reconocer a Policía, Guardia Civil y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera como colectivos con profesión de riesgo.
El tema volvió a la agenda pública tras el accidente en acto de servicio de dos guardias civiles en Huelva mientras perseguían una narcolancha. La ampliación repetida del plazo ha impedido que la iniciativa avance, y la práctica ha sido objeto de críticas y advertencias institucionales.
Orígenes y propuestas del PSOE
Resulta paradójico que el propio PSOE formulase en junio de 2017 una propuesta para limitar ese uso sistemático de las prórrogas en el Reglamento del Congreso. En su iniciativa proponían un plazo inicial de quince días para presentar enmiendas tras la publicación de un texto y autorizaban que la prórroga solo pudiera repetirse «hasta en dos ocasiones» por acuerdo de la Mesa si la solicitaba algún grupo parlamentario. Además, para otras ampliaciones planteaban la exigencia de que las siguientes prórrogas fueran respaldadas por al menos dos grupos que representaran la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, con el objetivo de evitar el uso arbitrario del mecanismo para bloquear la tramitación.
Iniciativas de Ciudadanos y los cambios propuestos al Reglamento
La hemeroteca también recoge la intervención de Ciudadanos en 2026, cuando todavía tenía representación en el Congreso. Su portavoz de entonces, Edmundo Bal, presentó una iniciativa más detallada que tocaba disposiciones concretas del Reglamento. Denunciaba que la regulación escasa sobre prórrogas, combinada con que los partidos del Gobierno suelen controlar la mayoría de la Mesa, permitía congelar indefinidamente la tramitación de propuestas que habían sido admitidas a consideración por el Pleno.
Medidas concretas planteadas por Ciudadanos
Entre las soluciones propuestas figuraba reformar el artículo 43 para exigir el voto favorable de tres cuartos de la Mesa cuando la prórroga del plazo de enmiendas se extienda más allá de cuatro meses desde su publicación en el boletín de las Cortes, introduciendo así una mayoría reforzada. También se abordaba el artículo 91 relativo a los trámites de urgencia, limitando su duración a dos meses desde la publicación. Para evitar la estrategia de tramitar decretos como proyectos de ley que nunca terminan de discutirse, proponían además plazos de enmienda cortos tras la convalidación, con prórrogas muy acotadas y, como máximo, excepcionalmente un acuerdo unánime de la Mesa para ampliar los tiempos.
La advertencia del Tribunal Constitucional y sus efectos
El Tribunal Constitucional llegó a reprender a la Mesa por un caso concreto: la dilación reiterada del plazo de enmiendas de un decreto de 2026 que se acordó tramitar como proyecto de ley y por la vía de urgencia. El TC concluyó que la Mesa actuó sistemáticamente y sin motivación al autorizar sucesivas prórrogas, lo que provocó la caducidad del proyecto al finalizar la legislatura el 30 de mayo de 2026 tras la convocatoria de elecciones generales del 23-J. En su resolución el Tribunal consideró vulnerados derechos fundamentales de los diputados recurrentes, entre ellos el derecho a ejercer sus funciones representativas y la participación política.
Contradicciones entre la teoría y la práctica
Pese a esos antecedentes y las recomendaciones de reforma, la praxis actual muestra una continuidad sorprendente: la presidencia de Francina Armengol en la Mesa y el apoyo de Sumar han permitido mantener la dinámica que impide la tramitación efectiva de la proposición del PP sobre la profesión de riesgo. El resultado es una tensión entre las reglas formales, las advertencias judiciales y la realidad política cotidiana, donde acuerdos en órganos de gobierno parlamentario pueden dictar la agenda legislativa tanto por acción como por omisión.
Conclusión: debates pendientes y opciones de reforma
El choque entre la necesidad de proteger a colectivos como la Guardia Civil y las herramientas procesales que permiten bloquear iniciativas ha puesto sobre la mesa la urgencia de revisar el Reglamento del Congreso. Las propuestas del PSOE de 2017 y las aportadas por Ciudadanos en 2026 ofrecen alternativas para limitar las prórrogas indefinidas y garantizar que la toma en consideración de una iniciativa derive en un debate efectivo. Mientras tanto, la reiteración de 71 prórrogas funciona como recordatorio de que sin cambios normativos o voluntad política, la letra del Reglamento puede quedar subordinada a prácticas que cercenan la participación y la representación parlamentaria.
