PSOE renuncia a una nueva prórroga por decreto y propone bonificaciones en el IRPF mientras Junts plantea deducciones y reformas legales como alternativa
La política de vivienda vive un giro: el PSOE ha decidido no volver a intentar la aprobación por decreto de la prórroga de los contratos de alquiler que decayó en el Congreso el 28 de abril. Tras aquella votación fallida, el partido que lidera el Gobierno valora que no tiene sentido presentar una iniciativa que, de entrada, carece de apoyos suficientes; por eso la estrategia se reorienta hacia propuestas fiscales y conversaciones preliminares con Junts.
El contexto político es tenso: fue el propio Ejecutivo el que impulsó el decreto después de un Consejo de Ministros complicado y con la oposición de parte de la coalición, mientras que Junts se negó desde el primer momento a respaldarlo.
Frente a ese escenario, el Gobierno y los partidos implicados discuten ahora medidas menos urgentes en forma de incentivos tributarios, que requieren negociación y consensos distintos a los de una convalidación por decreto.
Estrategia del PSOE: dejar atrás el decreto y apostar por la fiscalidad
El eje central de la propuesta socialista pasa por modificar la presión fiscal para influir en los precios del alquiler. Entre las ideas sobre la mesa figura una bonificación del IRPF de hasta el 100% para los propietarios que renueven contratos sin subir la renta, una medida anunciada por Pedro Sánchez en enero y que hoy reaparece como mecanismo para compensar a los caseros por renunciar a incrementos. La intención es usar la bonificación como estímulo indirecto para contener subidas, evitando recurrir a medidas de emergencia legislativa.
Detalles técnicos de la propuesta fiscal
Además de la bonificación total anunciada, el PSOE plantea modular deducciones ya existentes, como la deducción general del 50% de determinadas rentas en el IRPF, para ajustar incentivos sin eliminar por completo ventajas fiscales al alquiler residencial de largo plazo. Es clave, según el Ejecutivo, mantener una distinción clara entre arrendamiento residencial de larga duración y modalidades como el alquiler turístico o de temporada, que quedarían con un tratamiento fiscal diferenciado.
La alternativa de Junts: deducciones, ahorro previo y cambios legales
Por su parte, Junts presentó el 15 de abril una proposición no de ley que prioriza la recuperación y ampliación de deducciones en el IRPF como palanca para dinamizar el mercado. Sus líneas principales incluyen la recuperación de la desgravación por compra de vivienda habitual y la extensión de beneficios a quienes destinen inmuebles al alquiler residencial, siempre con límites y condiciones claras para evitar que se apliquen a arrendamientos turísticos.
Deducciones y fomento del ahorro
La propuesta juntista apuesta por una deducción del 15% sobre cantidades vinculadas a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, con una base máxima anual de 11.630 euros por contribuyente. Además, propone incentivar el ahorro previo para la primera compra mediante deducciones del 15% en cuentas específicas, condicionadas a que las aportaciones se materialicen en un plazo máximo de cuatro años. Para inquilinos con rentas bajas (base imponible hasta 33.000 euros), plantean también una deducción del 15% sobre la cuota del alquiler con los mismos topes.
Cambios legales para deudores y condiciones sobre la prórroga
Junts incorpora propuestas legales que van más allá de la fiscalidad: propone introducir un artículo en el Código Civil que permita a los hipotecados extinguir su deuda si el crédito ha sido vendido a terceros, pagando el precio real de cesión más intereses y gastos, y con obligaciones de información para los cesionarios. Además, se abre a apoyar una prórroga de alquileres modificada: quiere garantías de que solo beneficiará a inquilinos al corriente de pago, la posibilidad de recuperación de la vivienda por necesidad familiar y la actualización de precios según el índice de referencia impulsado por el Gobierno.
Luces y sombras del diálogo y siguientes pasos
Las conversaciones entre el Gobierno y Junts se sitúan en una fase preliminar: han habido gestos públicos por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y del vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, pero no se ha celebrado aún una negociación formal. Mientras tanto, fuerzas como Sumar defienden la prórroga inicial como necesaria para miles de inquilinos, y los socialistas prefieren explorar la vía fiscal para intentar aunar apoyos sin arriesgar otra derrota parlamentaria.
En definitiva, tras el fracaso del decreto del 28 de abril, la disputa sobre vivienda se traslada a la arena tributaria y legislativa: se busca convertir incentivos fiscales y ajustes normativos en alternativas viables que equilibren intereses de propietarios, inquilinos y compradores, con la esperanza de alcanzar pactos que resistan el trámite parlamentario.
