La Fiscalía de anticorrupción investiga unas tarjetas de crédito opacas del rey Juan Carlos I y la reina Sofía usadas tras su abdicación.
Días después de que la Fiscalía archivara la investigación del rey Juan Carlos I, por no encontrar hechos reprobables durante su mandato pero ahora anticorrupción, abre otra investigación que también incluye a la reina Sofía y otros miembros de su familia.
Se rastrea el uso de unas tarjetas fuera del reinado, por lo que no estaban amparadas por la inviolabilidad constitucional.
Investigan al rey Juan Carlos I y a la reina Sofía
Entre los familiares que utilizaban dichas tarjetas de crédito opacas, no aparecen los nombres de Felipe VI ni Letizia, tampoco sus hijas las infantas Leonor y Sofía.
Sin embargo si consta otros familiares directos , en concreto algunos nietos de Don Juan Carlos I y la reina Sofía.
Al parecer las tarjetas se abonaban desde una cuenta donde ninguno de los reyes eméritos aparecían como titulares. También se han recogido pistas del uso por parte de una persona de origen mexicano y un mando de la Guardia Civil.
Los gastos pagados mediante estas tarjetas, así como los movimientos financieros registrados en ellas, corresponden a tres años; 2016, 2017 y 2018, por lo que son posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos I. Esto significa que sus actuaciones no están protegidas de los delitos que pudiesen haber cometido, como si ocurría hasta el año 2014.
En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían: un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital . La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía aparecen varios viajes a Londres, donde desde hace varios años tiene una residencia.
Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio.
Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
